El Trienio Liberal o Trienio Constitucional es el periodo de la historia contemporánea de España que transcurre entre 1820 y 1823, y que constituye la etapa intermedia de las tres en que se divide convencionalmente el reinado de Fernando VII, siendo posterior al Sexenio Absolutista (1814-1820) y anterior a la Década Ominosa (1823-1833).
El Trienio se inició el 1 de enero de 1820 con el pronunciamiento de Riego, que obligó al rey absoluto Fernando VII a restablecer el 9 de marzo la Constitución de Cádiz de 1812. Este período revolucionario acabó desencadenando una reacción realista y la ocupación de España por el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, que atravesaron los Pirineos el 7 de abril de 1823. Concluyó el 1 de octubre de 1823, cuando el rey Fernando VII disolvió las Cortes, abolió la Constitución y restableció la monarquía absoluta.
El Trienio se enmarca en el período europeo de las revoluciones de 1820 de las que constituye el desencadenante. La Constitución de Cádiz fue adoptada por los revolucionarios napolitanos y piamonteses y tomada como modelo por los portugueses. El Trienio fue «un acontecimiento de primera magnitud de la historia de la política internacional de una Europa que, apenas cinco años atrás, había salido de veinte años de guerras contra el intento hegemónico de Francia». «Durante estos años el mundo hispánico se sitúa en el centro de la atención internacional que lo contempla al mismo tiempo con ilusión y con temor, como un mito para los pueblos y como un estigma para las monarquías absolutas, con la esperanza de una primera ola de libertad capaz de romper fronteras y con la impaciencia de quien no ve llegar el momento de poner fin a una experiencia tan desestabilizadora como aquella», han afirmado Pedro Rújula y Manuel Chust. Estos dos historiadores también han destacado que durante el Trienio se produjeron «las independencias de la práctica totalidad de los territorios continentales americanos».
Según Josep Fontana, el Trienio Liberal es una etapa histórica «de excepcional importancia porque fue en ella cuando por primera vez se pusieron en práctica las reformas publicadas en Cádiz de 1810 a 1814». Pedro Rújula y Manuel Chust también destacan que «durante el Trienio Liberal se puso en práctica por primera vez la Constitución en un escenario de normalidad institucional, es decir, en tiempos de paz y con la presencia del rey a la cabeza de la monarquía. En estas condiciones fue posible aplicar el sistema ideado en Cádiz y comprobar su alcance como instrumento para la construcción de un nuevo Estado liberal». A pesar de todos los problemas a los que tuvo que hacer frente, «el Trienio Liberal supuso una apertura de la vida política como jamás se había producido hasta la fecha en España. [...] El marco constitucional establecido por la revolución de 1820 permitió la aparición de una esfera pública donde los ciudadanos comenzaron a participar según sus posibilidades y sus intereses».
Alberto Gil Novales, por su parte, ha señalado la «posición central» que ocupó el Trienio en la «revolución burguesa española» que culminó en 1834-1837, «cuando ya se puede decir que España está gobernada por un régimen burgués». «El Trienio Liberal crea la legislación básica, difunde las ideas y perfila los instrumentos políticos a través de los cuales la burguesía recogerá el poder».
A su vez, Pedro Rújula ha señalado el papel «decisivo» que desempeñó el propio rey Fernando VII en «la caída del régimen constitucional». «Pero no solo por su capacidad de bloquear desde el ejecutivo el funcionamiento del sistema, o por su escaso apego a la libertad, sino también por haber sido capaz de construir un relato convincente de lo que había sucedido en España y de conseguir que fuera asumido por las potencias extranjeras». «Finalmente el argumento del monarca cautivo triunfó en el Congreso de Verona, y constituyó un elemento central en la justificación ofrecida por Luis XVIII a las cámaras francesas para explicar los motivos de la invasión [de los Cien Mil Hijos de San Luis]».
Fontana ha calificado el Trienio como una «revolución frustrada», pero «no sería lícito decir que fracasó. Se hundió por la interferencia de la política exterior europea en la española». «Cayó la revolución española ante la coalición de sus enemigos interiores y exteriores y ante la división de sus propios partidarios», añade Fontana.
Antecedentes thumb|Retrato de Fernando VII con manto real por Francisco de Goya (1815). Tras la vuelta de su cautiverio en Francia, el rey Fernando VII abolió en mayo de 1814, mediante un golpe de Estado, la Constitución de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz y restauró la monarquía absoluta. Los liberales, defensores de la monarquía constitucional, fueron encarcelados, desterrados o se exiliaron. Durante los seis años siguientes (Sexenio Absolutista) el rey y sus ministros no consiguieron resolver la crisis del Antiguo Régimen iniciada en 1808, y que se había agravado notablemente con la Guerra de la Independencia (1808-1814). El conflicto destruyó los principales resortes de la economía y el comercio con América cayó a consecuencia del proceso de emancipación de las colonias iniciado en 1810. El resultado fue una brutal depresión económica que se manifestó en una caída de los precios (deflación). Como consecuencia, la Hacienda de la Monarquía quebró: los caudales de América ya no llegaban en las cantidades anteriores a 1808 (con la consiguiente caída, además, de los ingresos de aduanas) y no se podía recurrir a la emisión de más vales reales, pues éstos estaban completamente depreciados al haberse acumulado muchas demoras en los pagos de los intereses anuales. Hubo un intento de reforma de la Hacienda, llevado a cabo por Martín de Garay, pero no prosperó por la oposición de los dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y también del campesinado (que rechazó el impuesto porque suponía un aumento de las cargas que ya soportaba en un momento en que «los precios de los productos agrícolas comenzaban a desmoronarse»).
Ante la incapacidad de los ministros de Fernando VII de resolver la crisis, los liberales (muchos de ellos integrados en la masonería para actuar en la clandestinidad) intentaron restablecer la Monarquía Constitucional mediante el recurso de los pronunciamientos. Se trataba de buscar apoyos entre los militares "constitucionalistas" (o simplemente descontentos con la situación), para que éstos alzaran en armas a algún regimiento cuyo levantamiento provocara la sublevación de otras unidades militares y así obligar al rey a reconocer y jurar la Constitución de 1812.
Durante el Sexenio Absolutista (1814-1820), se había intentado volver al ejército estamental, «donde los empleos superiores eran desempeñados por los miembros de la nobleza, mientras que la tropa provenía de la recluta forzosa, los voluntarios y los condenados por tribunales al servicio militar». Se habían anulado las reformas introducidas por las Cortes de Cádiz que habían dado paso a la formación de un ejército nacional «basado en el ciudadano como soldado de la nación, incluido tanto en el ejército permanente como en la milicia nacional». Concretamente se había abolido el decreto de 8 de agosto de 1811 que había permitido el libre acceso de cualquier ciudadano a los colegios y academias militares y a las plazas de cadete por lo que dejó de ser un privilegio de la nobleza. Por otro lado, la propia dinámica de la Guerra de la Independencia también había contribuido a la ruptura de las estructuras del ejército estamental existente en 1808 ya que en la guerrilla el mando de tropas ya no era un privilegio nobiliario y la mayoría de los jefes de las partidas provenían del pueblo llano, como Espoz y Mina, Porlier o «el Empecinado».
thumb|Ilustración de La segunda casaca de Benito Pérez Galdós (1884), en la que aparece al fondo el fusilamiento en el castillo de Bellver del general Luis Lacy. En primer plano los medallones conmemorativos de Lacy y del general Juan Díaz Porlier, también ajusticiado (en este caso ahorcado) por haberse «pronunciado» en contra del absolutismo de Fernando VII.
La anulación de las reformas introducidas por las Cortes de Cádiz provocó el descontento de muchos oficiales, a lo que se sumó el retraso en las pagas de sus salarios (a veces tuvieron que aceptar rebajas para obtener un pago regular) y las nulas perspectivas de ascenso debido a la abundancia de oficiales provocada por la guerra. Además, los miles de oficiales sin empleo achacaron su situación a la política de los secretarios del Despacho de Guerra que relegaba a los que procedían de la guerrilla, a los que habían ascendido desde soldados y a los que eran tenidos por liberales. Así pues, «muchos oficiales se hicieron receptivos a las ideas liberales como consecuencia de la política absolutista que fue enajenando muchos de sus apoyos. Las dificultades económicas y de ascenso hicieron el resto», ha afirmado Víctor Sánchez Martín. La quiebra de la Hacienda obligó a sucesivas reducciones de los efectivos militares. La última tuvo lugar en junio de 1818, y las autoridades absolutistas aprovecharon de nuevo la ocasión para que los oficiales que se quedaban sin empleo fueran mayoritariamente los que procedían de la guerra.
Entre 1814 y 1820 se produjeron seis pronunciamientos (los 5 primeros fracasaron) hasta que el último (el de Riego) triunfó. El primero se produjo en Navarra en septiembre de 1814 y estuvo encabezado por el héroe de la guerrilla Francisco Espoz y Mina, que al no conseguir tomar Pamplona huyó a Francia. El segundo tuvo lugar en La Coruña, en septiembre de 1815 y lo encabezó otro héroe de la guerra, el general Juan Díaz Porlier, que fue sentenciado a muerte y ahorcado. En febrero de 1815 fue descubierta la preparación de un pronunciamiento (conocido como "La conspiración del Triángulo") encabezado por un antiguo militar de la guerrilla, Vicente Richart, que fue condenado a muerte y ejecutado en la horca, junto con su compañero Baltasar Gutiérrez. En abril de 1817 tenía lugar en Barcelona el cuarto intento (esta vez con una amplia participación burguesa y popular) encabezado por el prestigioso general Luis Lacy, que fue juzgado y ejecutado. El 1 de enero de 1819 se produjo el quinto pronunciamiento, esta vez en Valencia, encabezado por el coronel Joaquín Vidal, y que terminó con la ejecución en la horca de éste y de otros doce implicados no militares, entre los que se encontraban los conocidos burgueses de la ciudad Félix Bertrán de Lis y Diego María Calatrava. Víctor Sánchez Martín ha señalado que si bien el objetivo de los pronunciamientos era acabar con el absolutismo, no todos se proponían restablecer en su integridad la Constitución de 1812. El de Porlier pretendía que se convocaran Cortes extraordinarias para modificar la Constitución y el de Vidal defendía establecer un régimen constitucional distinto al de 1812 y con Carlos IV (desconocía que acababa de morir en Nápoles) en el trono. Por el contrario el de Lacy era inequívoco: se refería a «la Constitución». Lo mismo que el de Riego.
La Revolución liberal de 1820
El pronunciamiento de Riego thumb|right|Plaza de la Constitución de Las Cabezas de San Juan, con el Ayuntamiento al fondo. Fue el lugar donde inició el teniente coronel Rafael del Riego su pronunciamiento. El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael del Riego sublevó al 2º batallón del Regimiento de Asturias que se encontraba acantonado en Las Cabezas de San Juan a la espera de ser embarcado a América como parte del ejército expedicionario encargado de sofocar las sublevaciones en las colonias. Riego les lanzó a los oficiales y a los soldados bajo su mando la siguiente arenga a favor de la Constitución de 1812 —Riego se pronunció, de ahí el término «pronunciamiento» que nació entonces—: