thumb|200px|Felipe González, presidente del Gobierno (enero de 1986).
Los gobiernos de Felipe González (1982-1996) sucedieron durante el segundo periodo del reinado de Juan Carlos I de España. Durante cerca de catorce años gobernó Felipe González gracias a que su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993), las tres primeras por mayoría absoluta, una «proeza» «en la historia parlamentaria española, e incluso europea». Durante ese período se produjo la consolidación de la democracia —tras la transición democrática de 1975-1982—, la integración de España en la Comunidad Europea en 1986 (a partir de 1992, Unión Europea) y su transformación en una sociedad homologable a la de sus vecinos europeos.
Elecciones de 1982 Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 obtuvieron el mayor índice de participación de la democracia —79,97 % y más de veinte millones de votantes—, por lo que tuvieron un «efecto relegitimador», en palabras de Santos Juliá, de la democracia y del proceso de transición política. izquierda|miniaturadeimagen|Cartel electoral del PSOE con el lema Por el Cambio. 1982 Bajo el lema Por el cambio, el PSOE cosechó un resonante triunfo al obtener más de diez millones de votos, cerca de cinco millones más que en 1979, lo que suponía el 48,11 % de los votantes y la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados (202 diputados) y en el Senado. El segundo partido más votado, Alianza Popular (106 diputados), obtuvo la mitad de los votos (5 millones y medio) y se quedó a 20 puntos porcentuales de distancia, aunque había mejorado de forma espectacular sus resultados respecto a 1979, al pasar del 6 % al 26 % de los votos, convirtiéndose a partir de entonces en la nueva alternativa conservadora al poder socialista . El PCE (con 4 diputados) y UCD (con 12) fueron prácticamente barridos del mapa, así como el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez (que solo obtuvo 2 diputados). Por otro lado, la extrema derecha perdió el único diputado que tenía, y el partido Solidaridad Española, promovido por el golpista Antonio Tejero, no llegó a alcanzar ni los 30 000 votos.thumb|280px|Resultado de las elecciones generales de 1982 por provincias.
Con este resultado, calificado como de auténtico «terremoto electoral», el sistema de partidos experimentó un vuelco radical, pues del bipartidismo imperfecto (UCD/PSOE) de 1977 y 1979 se había pasado a un sistema de partido dominante (el PSOE). El nuevo sistema de partidos se vio confirmado en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1983, que de nuevo supusieron un triunfo arrollador del PSOE, ya que 12 de las 17 comunidades autónomas pasaron a estar regidas por socialistas —por mayoría absoluta en 7 de ellas—, mientras que siguieron ostentando las alcaldías de las principales ciudades. Solo los gobiernos autonómicos de Galicia, Cantabria, las Islas Baleares (de Alianza Popular), Cataluña (de CiU) y el País Vasco (del PNV), escapaban al control socialista.
Las elecciones de 1982 han sido consideradas por la mayoría de los historiadores que se han ocupado del tema como el final del proceso de transición política iniciado en 1975. En primer lugar, por la elevada participación que se produjo, la más alta de las registradas hasta entonces (79,97 %), lo que revalidó el compromiso de los ciudadanos con el sistema democrático y demostró que la «vuelta atrás» que defendían los sectores «involucionistas» no contaba con ningún respaldo del pueblo. En segundo lugar, porque por primera vez se producía la alternancia política propia de las democracias, gracias al libre ejercicio del voto por los ciudadanos. En tercer lugar, porque accedía al gobierno un partido que nada tenía ver con el franquismo, ya que era uno de los vencidos en la Guerra Civil.
El proyecto socialista: la «modernización» de España
thumb|290px El programa político que desarrollaron los gobiernos presididos por Felipe González no fue un proyecto de «transformación socialista» —la única nacionalización que se llevó a cabo fue la de la red eléctrica de alta tensión— sino de «modernización» de la sociedad española para equipararla con el resto de las sociedades democráticas «avanzadas». Su referente histórico era el socialismo moderado de Indalecio Prieto.
El programa de gobierno que presentó el PSOE durante la campaña de las elecciones de 1982 era muy ambicioso. Se proponía consolidar la democracia y hacer frente a la crisis económica —su promesa estrella era la creación de 800 000 puestos de trabajo—, así como adecuar las estructuras productivas a una economía más eficiente y competitiva —ayudando a las pequeñas y medianas empresas y reconvirtiendo las grandes empresas industriales públicas—, y también alcanzar una sociedad más justa e igualitaria con la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones. Como ha destacado Santos Juliá, el PSOE se comprometía a «cambiarlo todo sin revolucionar nada» dentro de un «proyecto de regeneración del Estado y de la sociedad» que Felipe González sintetizó con el lema «Que España funcione» gracias a un «gobierno que gobierna».
Sin embargo la situación económica y política que le legó el gobierno de Calvo Sotelo era muy complicada. Seguía el estancamiento económico, con un desempleo que superaba el 16 %, una inflación que no bajaba del 15 % y un déficit presupuestario desbocado. El terrorismo de ETA continuaba y la amenaza golpista no había desaparecido, como lo demostró el nuevo intento de golpe de Estado que el gobierno de Calvo Sotelo consiguió desarticular y que estaba previsto para la víspera de la celebración de las elecciones de 28 de octubre. Gracias a las informaciones obtenidas por los servicios secretos, el 30 de septiembre fueron detenidos cuatro jefes y oficiales que habían planeado que un elevado número de comandos civiles y militares se apoderaran de los puntos estratégicos de Madrid, para a continuación declarar el «estado de guerra». De los hechos no se informó a la opinión pública, y en abril de 1984 fueron condenados por lo mismo dos coroneles y dos tenientes coroneles a doce años de prisión y expulsión del Ejército.
La consolidación del sistema democrático La política militar: el fin de la amenaza golpista thumb|180px|Narcís Serra, ministro de Defensa del primer gobierno socialista, en 2008. El gobierno socialista entendió que para consolidar el régimen democrático en España había que acabar con sus dos enemigos principales: el «golpismo» y el «terrorismo». En cuanto al primero, se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a la «profesionalización» del ejército y a su subordinación al poder civil, con lo que la idea de un poder militar «autónomo» quedó completamente descartada. Así, como ha destacado Santos Juliá, «la sombra del golpe militar dejó de planear sobre la política española por vez primera desde los inicios de la Transición».
El ministro de Defensa del primer gobierno socialista Narcís Serra llevó a las Cortes una Ley de Plantillas del Ejército de Tierra, que preveía la reducción progresiva en un 20 % del número de generales, jefes, oficiales y suboficiales. Como la reforma militar de Azaña de la Segunda República, pretendía crear un ejército más profesional y eficaz, acabando con el mal endémico del excesivo número de mandos —de los 66 000 de 1982 se pasó a 57 600 en 1991—. Serra también presentó en 1984 la Ley Orgánica de la Defensa y Organización Militar, que puso a la Junta de Jefes de Estado Mayor bajo la autoridad directa del ministro e integró en un mismo organigrama a la Marina, al Ejército del Aire y al Ejército mediante la creación de la nueva figura del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que estaba bajo las órdenes inmediatas del ministro. Asimismo, integró la jurisdicción militar en la civil mediante la creación de una Sala Especial del Tribunal Supremo, y redujo de nueve a seis las regiones militares históricas.
El gobierno socialista aún tuvo que hacer frente a una última intentona golpista en junio de 1985, que fue desarticulada por los servicios de información y de la que no se dio noticia a la opinión pública hasta más de diez años después. El plan consistía en activar una carga explosiva debajo de la tribuna presidencial del desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que se iba a realizar el primer domingo de junio en La Coruña y culpar a ETA. Tras este último caso, el golpismo desapareció completamente de la vida política española.
Por otro lado, se redujo el tiempo del servicio militar obligatorio, que pasó de 15 a 12 meses en 1984 y de 12 a 9 en 1991, y se reguló la objeción de conciencia, que desde su entrada en vigor en 1988 dio lugar a la masiva afluencia de miles jóvenes dispuestos a realizar la prestación social sustitutoria del servicio en filas —también hubo insumisos que fueron condenados por negarse a realizar ni una cosa ni la otra—.
La política educativa y la extensión de los derechos y libertades El equipo del ministro de Educación del primer gobierno socialista José María Maravall elaboró el proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en la que entre otras cosas se reconocieron y regularon las subvenciones que recibirían los centros educativos privados, en su mayoría religiosos, que impartieran la enseñanza básica, llamados a partir de entonces centros «concertados», y en cuya gestión intervendrían los profesores y los padres de los alumnos a través de los consejos escolares. Aunque fue atacada desde los sectores conservadores —Alianza Popular, con el apoyo de la Confederación Católica de Padres y la Federación de Religiosos de la Enseñanza, recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional aunque éste desestimó el recurso—, según Santos Juliá, «la Ley fue recibida con alivio por la Comisión Episcopal de Enseñanza, que vio en ella la garantía necesaria para seguir obteniendo del Estado las cuantiosas sumas —más de 100.000 millones de pesetas— que la enseñanza privada venía recibiendo sin regulación legal».
El ministro Maravall también sacó adelante la Ley de Reforma Universitaria que concedió una amplia autonomía económica y académica a las Universidades y estableció un sistema para alcanzar la estabilidad del profesorado. Los llamados Profesores No Numerarios (PNNs) accedieron al estatus de funcionarios del Estado mediante un «excepcional y controvertido» concurso de «idoneidad». La reforma universitaria estuvo acompañada por la creación de nuevas universidades y el notable incremento del número de becas, lo que se tradujo en un aumento de los estudiantes universitarios cuyo número superó por primera vez el millón en 1990. miniatura|150px|Escudo del Consejo General del Poder Judicial Las Cortes también aprobaron varias leyes que desarrollaron los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, como la de habeas corpus, la de Derecho de reunión, de extranjeros y de Libertad Sindical. La más controvertida fue la ley del aborto, aprobada en la primavera de 1985, que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto y grave riesgo físico o psicológico para la madre. La Iglesia Católica se movilizó en defensa del «derecho a la vida» y Alianza Popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional pero éste dictó una sentencia favorable a la ley.