La Rebelión cantonal (o Revolución cantonal) fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus dirigentes fueron en muchos casos los republicanos federales «intransigentes», que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo a arriba sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal; esta posición defendían los sectores «centrista» y «moderado» del Partido Republicano Federal (también conocidos en su conjunto como «benevolentes» por oposición a los «intransigentes»), pero los «intransigentes» dudaban de su compromiso con La Federal. La insurrección también respondió «a las expectativas populares puestas en el régimen» republicano.
La rebelión se inició el 12 de julio de 1873 en Cartagena ―aunque tres días antes había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy por iniciativa de la sección española de la Primera Internacional― extendiéndose por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía a partir del 19 de julio, tras conocerse la dimisión del «centrista» Francisco Pi y Margall y la formación del nuevo gobierno presidido por el «moderado» Nicolás Salmerón. Este último, frente a la política de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión, no dudó en emplear al ejército para sofocar la rebelión y nombrar a los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavía, opuestos a la República Federal, para comandar las operaciones militares, política que acentuó el siguiente gobierno del también «moderado» Emilio Castelar, que, tras suspender las sesiones de las Cortes, comenzó el asedio y bombardeo de Cartagena, el último reducto de la rebelión, que no caería en manos gubernamentales hasta el 12 de enero de 1874, una semana después del golpe de Pavía que puso fin a la República Federal dando paso a la dictadura de Serrano.
Aunque la rebelión cantonal fue considerada como un movimiento «separatista» por el Gobierno de Emilio Castelar —una percepción compartida por las clases medias y altas—, la historiografía actual destaca que la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del Estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España.
En 2002 Gloria Espigado Tocino señalaba que «el cantonalismo no ha gozado de muchas simpatías entre los historiadores» y que la imagen que prevalecía, como ya había advertido José María Jover en 1991, era la acuñada durante la Restauración sobre la Primera República como «la encarnación viva del desorden y el desgobierno» y cuya «fase más extremista, o cantonal, era asimilada al terror comunalista». También destacaba la paradoja de que esta visión tan negativa hubiera sido asumida por la inmensa mayoría de los republicanos, que renegaban del federalismo.
Veintiún años después, en 2023, Ester García Moscardó insistía de nuevo en que esa visión negativa seguía siendo «la explicación clásica de la revolución cantonal: una insurrección separatista, encabezada por oportunistas despechados ["escasa minoría de frustrados buscadores de empleo", los había llamado el historiador C.A.M. Hennessy] que habían agitado interesadamente a las masas contra la república y que, en última instancia, habrían sido los responsables de su caída». «Una imagen caótica de 1873 que marcó la memoria colectiva durante generaciones». Por su parte Florencia Peyrou se quejaba de que la única monografía existente sobre la rebelión cantonal seguía siendo la publicada en 1998 por José Barón Fernández.
Frente a la explicación clásica que sigue teniendo sus defensores, como Alejandro Nieto o Jorge Vilches, Ester García Moscardó plantea entender «la propuesta cantonal» «como una de las posibles soluciones al problema de la construcción efectiva de la democracia que se planteó tras el triunfo de la Revolución Gloriosa en 1868». En la misma línea renovadora Florencia Peyrou considera que «el cantonalismo constituyó por encima de todo un intento de llevar a cabo la federación, para conjurar el riesgo de involución del proceso revolucionario y para implementar toda una serie de reformas que se vinculaban con el republicanismo más avanzado desde hacía tiempo. Los dirigentes intransigentes... querían implementar un comunalismo municipalista; un modelo de democracia directa...».
Por otro lado, según Ester García Moscardó, «la herida que abrió en el federalismo el enfrentamiento armado entre amigos y correligionarios fue devastadora. La profunda decepción con los ideales y con los hombres se apoderó de muchos republicanos y, después de aquello, fue imposible recomponer el partido». Hasta el punto que algunos sectores republicanos, especialmente los encabezados por Emilio Castelar y por Nicolás Salmerón, abandonaron el federalismo. Alejandro Nieto coincide: «la rebelión cantonalista fue una línea roja que separó para siempre y sin remedio a las dos fracciones federales».
Antecedentes El republicanismo federal En el se confrontaron en España tres proyectos de construcción del Estado y de la nación: el liberal, el tradicionalista (o carlista) y el republicano federal. El que se impuso en las décadas de 1830 y 1840 fue el liberal basado en la monarquía constitucional (censitaria), la confesionalidad del Estado y el modelo centralizado de organización territorial. Hacia mediados de siglo surgió el republicanismo federal que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal: frente a la monarquía constitucional (censitaria), la república democrática (con el sufragio universal masculino como principio fundamental); frente al Estado confesional, el Estado neutro en las relaciones con la Iglesia católica; y frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo (aunque interpretado de formas diversas). El republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran (que incluso podían afectar al derecho de propiedad). Como ha señalado, Manuel Suárez Cortina, «se trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad española que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y de articulación del Estado desarrollado bajo la hegemonía del moderantismo liberal».
Florencia Peyrou ha señalado que el federalismo republicano «tuvo más que ver con todo el espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización, que con asuntos técnicos de organización territorial». La democracia, según los republicanos federales, «no se limitaba a la elección de representantes para el gobierno nacional, sino que implicaba decidir, de una manera expedita e inmediata, sobre cuestiones provinciales y locales». En este sentido Peyrou afirma que «el federalismo no era un programa político, sino una forma de hacer política» encaminada a «materializar las aspiraciones de autogobierno» de las clases populares. El problema estribaba en cómo conciliar la soberanía del individuo con la soberanía nacional. «Los republicanos españoles, siguiendo a los padres fundadores americanos, trataron de resolverlo garantizando la autonomía personal a partir de una declaración de derechos individuales ilegislables, así como una estructura federal que permitiera que todos los organismos que formaban el cuerpo social, desde el individuo al Estado, pasando por la familia, la localidad y la provincia, gozaran también de autonomía... Pero no se dijo nada más». Una apreciación que comparte Alejandro Nieto cuando afirma que «antes y durante el año 1873 apenas se había desarrollado una teoría federal sólida».
Por su parte, Alistair Hennessy ya destacó que el republicanismo federal tenía un componente mesiánico. El diputado «intransigente» Navarrete dijo en las Cortes que con la proclamación de la República Federal, «comenzaba un nuevo periodo de luz». Más recientemente Jorge Vilches ha afirmado que «los federales intransigentes encarnaban el mesianismo político».
La identificación entre democracia, república y federación se oficializó con la refundación en 1869 del Partido Democrático, nacido en 1849, como Partido Republicano Democrático Federal —tras la salida del mismo de los cimbrios «accidentalistas» que sí consideraban compatible la monarquía con la democracia, al contrario de lo que pensaba el grueso del partido—. Sin embargo, la forma específica de construcción de la República federal no se acordó hasta la celebración de la I Asamblea Federal del año siguiente, tras un intenso debate. Triunfó la fórmula «pactista» —de construcción de la República federal mediante pactos sucesivos «de abajo arriba», desde el municipio, pasando por el cantón o Estado hasta llegar al poder federal— defendida por Francisco Pi y Margall —gran lector y traductor de la obra de Proudhon—, frente a las tesis «organicistas» de construcción «de arriba abajo» propugnadas por Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. En esa Asamblea también se acordó adoptar la vía legalista, frente a la vía insurreccional, que ya se había ensayado en el otoño de 1869, tras la aprobación de la Constitución que establecía la Monarquía como forma de gobierno —de hecho muchos diputados republicanos federales habían abandonado las Cortes en cuanto se promulgó—.
La ruptura interna del partido entre «benevolentes» e «intransigentes» se produjo en el marco de la III Asamblea federal celebrada en 1872. Mientras que los primeros seguían apostando por la vía legalista, los segundos defendían la vía insurreccional, aplicando la tradición del republicanismo que la consideraba legítima en cuanto estuvieran en peligro las libertades individuales que eran inherentes a la dignidad humana y que por tanto estaban por encima de todo ordenamiento jurídico, incluida la Constitución —Pi y Margall, ahora «benevolente», había escrito que «la insurrección es la consecuencia forzosa del hecho de poner condiciones á nuestras libertades»—. En junio de 1872 un grupo de «intransigentes» ya habían abandonado el Casino Republicano de Madrid, presidido por Pi y Margall, al no haber apoyado su propuesta de que el partido tomara «el sendero revolucionario que su origen y tradiciones le marcan». El día 10 de ese mismo mes habían celebrado un gran acto en el Teatro Circo de Madrid en el que habían consumado la ruptura con los «benevolentes» al acordar lo siguiente:
Poco después, en el otoño, se producían insurrecciones republicanas federales, encabezadas por los «intransigentes», en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón, prefigurando «la práctica política observada por los cantonales unos meses después». El día 8 de enero de 1873, sólo tres días antes de que se proclamara la República, el ideólogo de los «intransigentes» Roque Barcia clamaba desde su periódico La Justicia Federal: «Idos a vuestras casas, hombres legales, hombres de curia, hombres viejos y abrid camino a la revolución. Idos a vuestra casa y dejad que pase vuestro pueblo, que es más que vuestras leyes y ranciedades».
Ester García Moscardó ha destacado que «la separación de los intransigentes respecto de la conducta oficial del partido constituye un punto de inflexión fundamental para comprender los sucesos del verano de 1873. La lógica cantonal no fue improvisada, sino que respondía a la experiencia acumulada por los federales en sus luchas por la libertad».
La proclamación de la República