thumb|Bandera de la Segunda República Española. El primer bienio de la Segunda República española constituye la primera etapa de la Segunda República, entre su proclamación el 14 de abril de 1931 y la celebración de las elecciones generales de noviembre de 1933, que dieron paso al segundo bienio.
Sin embargo, hay historiadores que el término «primer bienio», al que denominan también bienio social-azañista, bienio reformista o bienio transformador, lo restringen al periodo de gobierno de la coalición de los republicanos de izquierdas con los socialistas encabezada por Manuel Azaña, que se inició el 15 de diciembre de 1931 —fecha de la formación del segundo gobierno de Azaña, tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad de los socialistas— y que terminó en septiembre de 1933. Durante ese tiempo, «la hora de las izquierdas», se profundizaron y radicalizaron las reformas iniciadas durante el periodo constituyente (abril-diciembre de 1931) con el propósito de modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas.
También hay historiadores que sitúan el inicio del primer bienio, en sentido restringido, en octubre de 1931, cuando Azaña pasa a ocupar la presidencia del Gobierno Provisional tras la dimisión de Niceto Alcalá-Zamora, por estar en desacuerdo con la redacción final que se había dado al artículo 26 de la Constitución que trata la cuestión religiosa. El primer bienio así delimitado coincidiría con la «etapa de Azaña» o el «Gobierno Azaña».
Periodo constituyente (abril-diciembre de 1931)
thumb|Miembros del gobierno provisional de la Segunda República; de izquierda a derecha: Álvaro Albornoz, Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Alejandro Lerroux.
El Gobierno Provisional de la Segunda República Española ostentó el poder político en España desde la caída de la Monarquía de Alfonso XIII hasta la formación del primer gobierno ordinario el 15 de diciembre, seis días después de la aprobación de la nueva Constitución de 1931. Hasta el 15 de octubre de 1931 el gobierno provisional estuvo presidido por Niceto Alcalá-Zamora, y tras la dimisión de este a causa de la redacción que se había dado al artículo 26 de la Constitución que trataba la cuestión religiosa, le sucedió Manuel Azaña al frente del gobierno.
Al día siguiente de su formación, la Gaceta de Madrid publicó un decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional que fue la norma legal por la que se rigió el Gobierno Provisional hasta la aprobación de la nueva Constitución y en el que se autoproclamó como «Gobierno de plenos poderes». En dicho estatuto el reconocimiento de los derechos y libertades fue acompañado de la posibilidad de su suspensión por parte del gobierno, sin intervención judicial, «si la salud de la República, a juicio del Gobierno, lo reclama». Esta política contradictoria de la República respecto del orden público culminó con la aprobación por las Cortes Constituyentes de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931. Esta ley, que estuvo vigente hasta agosto de 1933, dotó al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra los que cometieran «actos de agresión contra la República».
La «cuestión regional» thumb|Acto de homenaje a Rafael Casanova en 1931 presidido por Francesc Macià, presidente de la Generalidad de Cataluña. El problema más inmediato que tuvo que afrontar el Gobierno Provisional fue la proclamación de la «República Catalana» hecha por Francesc Macià en Barcelona el mismo día 14 de abril. Tres días después, tres ministros del Gobierno Provisional se entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià, alcanzando un acuerdo por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la «República Catalana» a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía «aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes». Por otro lado se reconocía al gobierno catalán pero este dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, recuperando así «el nombre de gloriosa tradición» de la centenaria institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los decretos de Nueva Planta de 1714.
El proyecto de estatuto para Cataluña, llamado Estatuto de Nuria, fue refrendado el 3 de agosto por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría, pero respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias lo que se había aprobado en la Constitución de 1931 —ya que el «Estado integral» respondía a una concepción unitaria, no federal—, aunque condicionó los debates parlamentarios.
En el caso del País Vasconavarro, el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía se inició casi al mismo tiempo que el de Cataluña. Una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobaron un Estatuto que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos por la ley de 1839, junto con la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1841. El Estatuto de Estella fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba claramente al margen de Constitución que se estaba aprobando, entre otras cosas, por su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del «Estado vasco».
La «cuestión religiosa»
Las primeras decisiones del Gobierno Provisional sobre la secularización del Estado fueron muy moderadas. En el artículo 3.º del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional se proclamó la libertad de cultos y en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras, como el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la enseñanza religiosa. Tanto el nuncio Federico Tedeschini como el cardenal arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer mantuvieron una actitud conciliadora, pero un sector numeroso del episcopado no estaba dispuesto a transigir con la República, a la que consideraban una desgracia. La cabeza visible de este grupo era el cardenal primado y arzobispo de Toledo Pedro Segura, quien el 1 de mayo hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, «quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores». La prensa y los partidos republicanos interpretaron la pastoral como una especie de declaración de guerra a la República, y el Gobierno Provisional presentó una nota de «serena y enérgica» protesta al Nuncio y pidió que Segura fuera apartado de su cargo. thumb|250px|left|Ciudades en las que se produjo la quema de conventos durante 1931. Diez días después se produjeron los sucesos conocidos como la quema de conventos, cuyo detonante fueron los incidentes producidos el domingo 10 de mayo con motivo de la inauguración en Madrid del Círculo Monárquico Independiente, y durante los cuales corrió el rumor por la ciudad de que un taxista republicano había sido asesinado por unos monárquicos. Una multitud se congregó entonces ante la sede del diario monárquico ABC, donde tuvo que intervenir la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban asaltar y quemar el edificio causando varios heridos y dos muertos, uno de ellos un niño. A primeras horas del día siguiente, lunes 11 de mayo, cuando el Gobierno Provisional estaba reunido le llegó la noticia de que la Casa Profesa de los jesuitas de la calle de la Flor estaba ardiendo. El ministro de la Gobernación Miguel Maura intentó sacar a la calle a la Guardia Civil para restablecer el orden, pero se encontró con la oposición del resto del gabinete y especialmente de Manuel Azaña, quien, según Maura, llegó a manifestar que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano» y amenazó con dimitir «si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez».
La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran más de una decena de edificios religiosos. Por la tarde, por fin, el Gobierno declaró el estado de guerra en Madrid y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular —los sucesos más graves se produjeron en Málaga—. Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente en toda España, y murieron varias personas y otras resultaron heridas durante los incidentes.
La respuesta del Gobierno Provisional a la «quema de conventos» se limitó a suspender la publicación de dos diarios, el católico El Debate y el monárquico ABC, y a expulsar de España al obispo integrista de Vitoria Mateo Múgica, por negarse a anular el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao, donde el gobierno temía que con motivo de su visita se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos clericales, y los republicanos y los socialistas anticlericales. Asimismo aprobó algunas medidas dirigidas a asegurar la separación de la Iglesia y el Estado sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes, como la que ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibieran enseñanza religiosa. thumb|right|El cardenal Pedro Segura. La Iglesia católica criticó todas estas medias laicistas, pero de nuevo la reacción más radical partió del cardenal Segura que el 3 de junio en Roma, donde se encontraba desde el 12 de mayo, hizo pública una pastoral en la que se recogía «la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas». Cuando el cardenal Segura volvió inesperadamente a España el 11 de junio fue detenido por orden del gobierno y expulsado del país.
Dos meses después se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia católica y en el que el cardenal Segura volvía a ser protagonista. El 17 de agosto entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que había sido detenido tres días antes en la frontera hispano francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad y en el que se aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, todo ello para eludir una posible expropiación por parte del Estado. La respuesta inmediata del Gobierno Provisional fue la publicación el 20 de agosto de un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas.
La «cuestión militar»
thumb|Manuel Azaña en 1932.