thumb|250px|right|El Caso de los Catalanes El Principado de Cataluña libró la guerra tanto en el campo de batalla como en las cancillerías europeas. Los embajadores catalanes en Londres, Viena y La Haya jugaron un papel crucial en la guerra diplomática. Los manifiestos Deplorable History of the Catalans y The Case of the Catalans recordaban a Inglaterra su tratado de alianza militar con Cataluña y la traición de Utrecht.Albareda Salvadó, Joaquim; El Cas dels Catalans. La conducta dels aliats arran de la Guerra de Successió (1705-1742) Caso de los catalanes fue la denominación usada en las cancillerías europeas para referirse al conjunto de debates y acuerdos sobre el destino político del Principado de Cataluña en el contexto de la Paz de Utrecht (1712-1714) que puso fin a la guerra de sucesión española iniciada en 1701.
Antecedentes: el Pacto de Génova de 1705
El origen del problema se remontaba al Pacto de Génova (20 de junio de 1705) mediante el cual el Reino de Gran Bretaña se había comprometido a garantizar la conservación de las constituciones de Cataluña si esta se sumaba a la causa del archiduque Carlos de Austria, en pugna por el trono español, incluso en el caso de una eventual victoria de Felipe V.
La iniciativa partió de la reina Ana de Inglaterra quien en marzo de 1705 nombró como comisionado suyo a Mitford Crowe, un comerciante de aguardiente afincado en el Principado de Cataluña, «para contratar una alianza entre nosotros y el mencionado Principado o cualquier otra provincia de España». Crowe se puso en contacto un grupo de propietarios y nobles de la plana de Vich, conocidos como los vigatans, que era el primer núcleo austracista surgido en Cataluña dispuesto a tomar las armas en contra de Felipe. Los vigatans se reunieron el 17 de mayo de 1705 en Vich y allí acordaron otorgar plenos poderes a dos representantes suyos para que firmaran el tratado con Inglaterra en nombre de los catalanes. El pacto fue rubricado en Génova el 20 de junio de 1705.
El acuerdo firmado por Mitford Crowe, en nombre de la reina Ana de Inglaterra, y por Antonio de Peguera y de Aymerich y Domingo Perera, en nombre del Principado incluía el compromiso de Inglaterra de desembarcar en la costa catalana 8000 soldados de infantería y 2000 de caballería de las fuerzas de la Gran Alianza, y entregar 12 000 fusiles con su correspondiente munición para armar a las fuerzas catalanas. Por su parte Cataluña reconocería al Archiduque Carlos de Austria como legítimo rey de España, y el nuevo rey debería jurar y mantener las leyes catalanas.Texto del pacto de Génova en wikisource.
En el texto del tratado de Génova se apreciaba el ideario del austracismo catalán —y en general del resto de estados de la Corona de Aragón— que estaba basado en la defensa del modelo pactista y "constitucionalista" de las relaciones entre el soberano y sus súbditos, que anteponía la fidelidad a la "patria" —la defensa de las «libertades, leyes y derechos de la patria»— a la fidelidad al rey si este violaba las leyes e instituciones propias que la caracterizaban y definían. Así aludía 17 veces a las Constituciones catalanas y a su defensa, lo que contrastaba con la política represiva de los virreyes nombrados por Felipe de Borbón —que por otro lado se quejaban de «lo que estrechan sus Constituciones», refiriéndose al poder efectivo que tenían en el Principado—.
El «caso de los catalanes» en la Paz de Utrecht El Tratado de Utrecht de julio de 1713: el abandono británico
El advenimiento al poder del partido tory en el Reino de Gran Bretaña en 1710, favorable a lograr un paz con Luis XIV y Felipe V, alteró la política diplomática inglesa. La muerte en 1711 del emperador José I de Austria, hermano del pretendiente al trono español el archiduque Carlos de Austria, y la elección de este como su sucesor —fue coronado en diciembre de 1711 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico—, dio argumentos al partido tory para iniciar las reuniones secretas con Luis XIV para lograr la paz en Europa.
Una vez iniciadas las negociaciones en Utrecht en enero de 1712 la reina de Gran Bretaña hizo gestiones a través de su embajador en la corte de Madrid —cuando aún no se había firmado ningún tratado en Utrecht—, para que Felipe V concediera una amnistía general a los austracistas españoles, y singularmente a los catalanes, que además debían conservar sus Constituciones. Pero la respuesta de Felipe fue negativa, y cuando el embajador Lexington, siguiendo las instrucciones de la reina Ana —quien "por motivos de honor y de conciencia, se sentía obligada a reclamar todos los derechos de que gozaban los catalanes cuando les incitaron a ponerse bajo el dominio de la Casa de Austria"— volvió a insistir sobre el «caso de los catalanes», Felipe V y su esposa le contestaron:
Por su parte el embajador de Luis XIV en Madrid, que apoyó la petición del embajador británico, informó a su secretario de estado «que ni en caso de extrema necesidad el rey de España accedería a lo que Inglaterra quiere exigir de él a favor de los catalanes». Esta oposición frontal a hacer ninguna concesión se reflejó en la postura que mantuvo el marqués de Monteleón, embajador de Felipe V en las negociaciones del tratado que se iba a firmar en Utrecht con Gran Bretaña, cuando rechazó la redacción del artículo 9 —«La Provincia de Cataluña gozará de sus antiguos privilegios»— afirmando que la intención de Felipe V era limitarse a conceder la amnistía, «porque en lo tocante a los privilegios que los reyes, por pura bondad, otorgaron a los catalanes, se han hecho indignos de ellos por su mala conducta»
El archiduque Carlos de Austria, recién coronado emperador como Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, envió a su embajador Juan Hoffman primero a Londres y luego a Utrecht con la propuesta de que la Corona de Aragón quedara bajo el dominio de la Casa de Austria —bien del propio emperador o de una de las archiduquesas— siendo segregada del resto de España, que quedaría en manos de Felipe V, y si esta propuesta no era aceptada, que fuera reconocida la República Catalana —que incluiría no solo el Principado, sino también Mallorca e Ibiza— bajo la protección de los aliados o del emperador, solución que fue rechazada por el secretario de Estado británico Henry St John, vizconde de Bolingbroke. Finalmente el emperador Carlos VI se autoexcluyó del Tratado de Utrecht, llegándose a una paz por separado entre Francia, Inglaterra, Holanda y Felipe V.
Felipe V se comprometió a decretar un perdón y amnistía general a todos los catalanes por lo sucedido en la anterior guerra, pero se negó al mantenimiento del ordenamiento constitucional catalán. Se declaró un armisticio y mediante el convenio del Hospitalet (22 de junio de 1713) se estableció un tratado de evacuación de las últimas tropas aliadas en Cataluña. Para el 30 de junio de 1713 se convocó una Junta General de Brazos que debía dirimir si Cataluña se sometía incondicionalmente a Felipe V o continuaba la guerra en solitario. El emperador ordenó al mariscal Guido von Starhemberg que intercediera por los catalanes y retrasara la evacuación.
Finalmente el secretario de estado británico vizconde de Bolingbroke, deseoso de acabar con la guerra, claudicó ante la obstinación de Felipe V y renunció a que este se comprometiera a mantener las "libertades" catalanas. Cuando el embajador de los Tres Comunes de Cataluña en Londres Pablo Ignacio de Dalmases y Ros tuvo conocimiento de este cambio de actitud del gobierno británico presentó una súplica ante el Parlamento británico en la que pedía que
Gracias a esta súplica Dalmases consiguió que la reina Ana le recibiera a título individual el 28 de junio de 1713, aunque en aquel momento el acuerdo entre Bolingbroke y los representantes de Felipe V ya estaba cerrado. La reina según contó Dalmases después de escuchar su súplica le respondió que «había hecho lo que había podido por Cataluña».
El abandono de los catalanes por el Reino de Gran Bretaña quedó plasmado dos semanas después en el artículo 13 del tratado de paz entre el Reino de Gran Bretaña y España firmado el 13 de julio de 1713. En él Felipe V garantizaba vidas y bienes a los catalanes, pero en cuanto a sus leyes e instituciones propias solo se comprometía a que tuvieran «todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas». Bolinbroke intentó justificar que con este artículo la reina Ana ya había cumplido honorablemente con sus obligaciones emanadas del Pacto de Génova alegando que «los privilegios de Castilla son mucho más valiosos para aquellos que tratan de vivir en la debida sujeción a la autoridad» y que además aseguraban a los catalanes el disfrute del comercio americano y poder obtener cargos en la monarquía.
El conde de la Corzana, uno de los embajadores de Carlos VI en Utrecht, consideró el acuerdo plasmado en el artículo 13 como el fruto «de la violencia y mala fe del ministerio inglés» y tan «indecoroso que el tiempo no borrará el sacrificio que el ministerio inglés hace de la España y singularmente de la Corona de Aragón, y más en particular de la Cataluña, a quienes la Inglaterra ha dado tantas seguridades de sostenerles y ampararles... dejando a discreción de la familia de los Borbones la tierra más aliada y distinguida por la causa común». Todo ello a cambio del «opio del Perú y Potosí que presente ha adormecido al ministerio inglés para sacrificar los interés de sus aliados».
El tratado de Rastatt de marzo de 1714: la retirada imperial
thumb| Retrato del Mariscal Claude Louis Hector de Villars. Obra de Hyacinthe Rigaud. En las negociaciones llevadas a cabo en la ciudad alemana de Rastatt para sellar la paz entre Luis XIV, representado por el Mariscal de Villars, y el emperador Carlos VI, representado por el príncipe Eugenio de Saboya, el «caso de los catalanes» pronto se convirtió en la cuestión más difícil a resolver. Como le comunicó Eugenio de Saboya al secretario de Estado de Carlos VI, el catalán marqués de Rialp, «no cejo de trabajar cuanto me es posible a favor y en beneficio de la constante nación catalana, y bien puedo decir con ingenuidad a V.I. que es un puente muy difícil de arreglar». Por su parte el mariscal Villars comunicaba al rey de Francia que el príncipe Eugenio de Saboya estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo, «pero está muy apenado acerca de los artículos de los catalanes, y es posible que un sentimiento similar haya hecho mella en el corazón del Archiduque y la Archiduquesa... la cual, para tener la libertad de salir [de Barcelona], habrá prometido a estos rebeldes todo aquello que le habrán pedido». Al igual que los británicos en las negociaciones del tratado de Utrecht, lo que el representante imperial pretendía, siguiendo las indicaciones de Carlos VI, era que Felipe V se comprometiera a promulgar una amnistía para sus "vasallos rebeldes" tanto catalanes como mallorquines y a no derogar las leyes e instituciones propias del Principado de Cataluña —ni del reino de Mallorca también del lado austracista— si la emperatriz y las tropas imperiales lo abandonaban. Pero Felipe V se seguía negando deseoso de aplicar en Cataluña y en Mallorca la "Nueva Planta" que había promulgado en 1707 para los "reinos rebeldes" de Valencia y de Aragón y que había supuesto su desaparición como Estados. Pero el embajador Villars aceptó la propuesta de Eugenio de Saboya siendo desautorizado por el secretario de Estado de Luis XIV, el marqués de Torcy, por lo que tuvo que abandonar la negociación. Al mismo tiempo Luis XIV enviaba a Cataluña un ejército al mando del duque de Berwick para que apoyara a su nieto Felipe V y este acabara de una vez con la resistencia de Barcelona.