Una ley de amnistía se refiere a cualquier disposición legislativa, constitucional o ejecutiva que exonera retroactivamente a un grupo selecto de individuos, generalmente líderes militares y políticos, de la responsabilidad penal por los delitos que hayan cometido en el pasado. Específicamente, en lo que se ha denominado la «era de la rendición de cuentas», las leyes de amnistía han sido objeto de debate y controversia, ya que se considera que otorgan impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Estas leyes incluyen medidas institucionales que impiden el enjuiciamiento de personas por tales crímenes y, en ocasiones, pueden incluso absolver a quienes ya han sido condenados por dichos actos, evitando así cualquier forma de responsabilidad legal.
La ley de amnistía es una herramienta normativa y un acto del poder social que consiste, etimológicamente, en el olvido o perdón (del griego amnestia, sin memoria) de ciertos delitos. Jurídicamente, se define como la derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, lo que conlleva la anulación de la pena correspondiente y de la responsabilidad penal de los involucrados. Consiste principalmente en:
La amnistía borra los actos pasados, suprime la infracción, la persecución del delito y las condenas impuestas. A diferencia del indulto, que solo perdona la pena mientras el delito permanece, la amnistía anula el delito mismo. Es una norma de carácter general, abstracta e impersonal que beneficia a una pluralidad de personas en una situación determinada (como haber participado en una revuelta), a diferencia del indulto que es individualizado. Una vez aplicada, la amnistía debe producir la liberación inmediata de los beneficiarios y la eliminación de sus antecedentes penales. Generalmente, la amnistía extingue la acción penal, pero deja la responsabilidad civil, permitiendo que las víctimas reclamen indemnizaciones por los daños causados.
Historia En diversos países a lo largo de la historia, se han experimentado situaciones de agitación política y conflictos, como revoluciones, golpes de Estado y guerras civiles. Después de tales períodos de agitación, los líderes del régimen saliente, ya sea por voluntad propia o bajo presiones externas, a menudo se encuentran ante el desafío de restablecer la democracia en su nación. Sin embargo, esta tarea puede conllevar el riesgo de enfrentar posibles acciones legales relacionadas con las medidas de contrainsurgencia implementadas durante su gobierno. En este contexto, es común que surjan acusaciones de abusos contra los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Para evitar el peligro de ser procesados judicialmente, muchos países han optado por emitir leyes de amnistía, que perdonan a aquellos involucrados en las acciones previamente mencionadas. Sin embargo, estas leyes de amnistía plantean dilemas significativos desde una perspectiva de costo-beneficio. Se cuestiona si llevar a juicio a los líderes del régimen anterior justifica la prolongación del conflicto o el retorno al poder del régimen previo, lo que podría traer consigo un aumento en el sufrimiento humano y en el número de víctimas, dado que el antiguo régimen se resiste a ceder el control.
Por otro lado, las víctimas de los conflictos, sus familias y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Proyecto de Ley Humanitaria, han expresado su oposición a estas leyes de amnistía. Argumentan que dichas leyes violan tanto el derecho constitucional local como el derecho internacional al perpetuar la impunidad de quienes cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
En la actualidad, existe un creciente consenso en el ámbito del derecho internacional que considera la concesión de amnistía por "crímenes internacionales", que incluyen crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, como prohibida. Este entendimiento se basa en las obligaciones establecidas en tratados de derechos humanos, decisiones de tribunales internacionales y regionales, así como en el derecho emergente de larga data derivado de la práctica estatal (derecho internacional consuetudinario). Los tribunales a nivel internacional, regional y nacional han comenzado a anular cada vez más las amnistías generales, y en los acuerdos de paz recientes, se ha evitado en gran medida otorgar amnistía por crímenes graves. En este contexto, la Corte Penal Internacional se estableció con el propósito de asegurar que los perpetradores no eludan la responsabilidad penal por sus crímenes en caso de que el gobierno local no los enjuicie.
Para evaluar la legalidad y legitimidad de las amnistías en situaciones de conflicto o transición política, se han desarrollado las Pautas de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad. Estas pautas proporcionan un marco integral que considera las múltiples obligaciones legales que enfrentan los estados en tales circunstancias. Han sido elaboradas de manera colaborativa por un grupo de expertos internacionales en derechos humanos y resolución de conflictos, bajo la dirección de Louise Mallinder y Tom Hadden en el Instituto de Justicia Transicional.
Por países
Argentina Ley de Punto Final () Ley de autoamnistía N.º 22.924 ()
Chile
Ley de Amnistía en Chile de 1978 ()
Colombia
Ley General de Amnistía ()
España
Ley de amnistía de España de 1977 () Ley de amnistía de España de 2024 ()
El Salvador
Ley de Amnistía en El Salvador de 1993 ()
México Es una norma de carácter general, abstracta e impersonal que beneficia a un grupo indeterminado de personas en una situación específica. Constitucionalmente, corresponde al Congreso de la Unión conceder amnistías por delitos federales (Art. 73, fracc. XXII). No obstante, históricamente en México todas las iniciativas han emanado de la voluntad política del Poder Ejecutivo Federal (el presidente).
Los antecedentes se remontan al periodo revolucionario:
1915: El general Pablo González lanzó un manifiesto/decreto para amnistiar a militares y civiles simpatizantes de los ejércitos de Villa y Zapata al ocupar la Ciudad de México. Se considera atípica porque no fue sancionada por el legislativo ni publicada oficialmente. 1920: El presidente provisional Adolfo de la Huerta utilizó la amnistía (o armisticio) como herramienta para la pacificación del país, logrando la rendición de Francisco Villa y su retiro a la Hacienda de Canutillo.
Bajo la vigencia de la Constitución de 1917, hay cuatro momentos políticos importantes que marcaron el inicio y desarrollo de estas leyes antes de la época actual: Ley de 1937 (Lázaro Cárdenas): Considerada la primera gran ley de reconciliación de la "familia revolucionaria". Buscó el regreso de exiliados políticos y perdonó delitos de rebelión y sedición cometidos desde 1922. Ley de 1940 (Manuel Ávila Camacho): Expedida para restaurar las divisiones tras las violentas elecciones de ese año, beneficiando a quienes cometieron delitos vinculados con la lucha por el poder político. Ley de 1978 (José López Portillo): Fue un complemento a la reforma política para integrar a la vida institucional a grupos de disidencia radical (guerrillas) de las décadas de 1960 y 1970. Ley de 1994 (Carlos Salinas de Gortari): Surgió como respuesta al levantamiento del EZLN en Chiapas, amnistiando los delitos cometidos durante los primeros veinte días de enero de ese año.
En la actualidad, la Ley de Amnistía de 2020 (bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador) dio un giro al enfocarse en beneficiar a grupos vulnerables (mujeres, jóvenes e indígenas) que cometieron delitos como aborto o delitos contra la salud bajo condiciones de pobreza o exclusión social. Una adición publicada en el DOF el 14 de junio de 2024 otorga facultades extraordinarias a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Según este nuevo artículo: El presidente podrá otorgar la amnistía de manera directa y sin sujetarse al procedimiento ordinario, este beneficio se aplica a personas que aporten elementos comprobables y útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado Mexicano.
Perú
Leyes de Amnistía de Perú de 1995 (, declaradas nulas y luego derogadas) Ley de Amnistía de Perú de 1996 () Ley de Amnistía de Perú de 2000 () Ley de prescripción de delitos de lesa humanidad ejecutados antes de 2002. (año 2024, ) Ley de Amnistía de Perú de 2025 ()
Venezuela
Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de 2016 () Ley de Amnistía en Venezuela de 2019 () Ley de Amnistía de Venezuela de 2026 ()
Referencias
Categoría:Leyes de amnistía