La Stop Online Piracy Act (en español: Ley de Cese a la piratería en Línea), también conocida como Ley SOPA o Ley H.R. 3261 fue un proyecto de ley con el objetivo de expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos protegidos con derechos de autor y bienes de consumo falsificados a través de Internet.Entre los contenidos y bienes sujetos al proyecto se pueden contar, por ejemplo, música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención Fue presentado por el Presidente del Comité Judicial de la Cámara, el Representante republicano tejano Lamar S. Smith el 26 de octubre de 2011 y, entre las medidas propuestas, se incluyen la solicitud de órdenes judiciales para impedir la realización de negocios de redes publicitarias y las plataformas de pago con sitios web infractores, la prohibición a los motores de búsqueda de enlazar a dichos sitios, y la obligación de proveedores de servicios de internet a bloquear el acceso a los mismos a través de órdenes judiciales. La ley propuesta, además, ampliaba la legislación penal vigente para incluir la transmisión no autorizada de contenido protegido por derechos de autor, imponiendo una pena de cinco años de presidio maximo.
Quienes proponen la ley aducen que protegería al mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, empleos y beneficios, y que es necesaria para fortalecer las actuales leyes, haciéndolas más fuertes, ya que las actuales leyes presentan fallas por ejemplo al cubrir situaciones donde los sitios infractores se encuentran fuera de territorio estadounidense. miniaturadeimagen|304x304px|La página de Wikipedia en inglés durante el 18 de enero de 2012, ilustrando el apagón internacional en protesta a las leyes SOPA y PIPA. Los opositores afirman que la legislación propuesta amenaza la libertad de expresión, la inversión y las innovación en Internet, esto debido a que capacita a la justicia a bloquear el acceso a un dominio completo por una infracción única en una única página web. Algunos opositores han demostrado preocupación creciente en cuanto a que la ley podría anular la protección de "puerto seguro" que actualmente ofrece la Digital Millennium Copyright Act para los sitios que ofrecen contenidos generados por los usuarios. Las asociaciones de bibliotecas han expresado preocupación con respecto a que el énfasis impuesto por la ley sobre los derechos de autor podría exponer a las bibliotecas a una persecución legal. Por ultimo, un último grupo de opositores considera que el requerimiento a que los motores de búsqueda eliminen a los dominios infractores podría llevar a una carrera armamentística de censura de alcance global, argumentando su inconstitucionalidad a causa de la violación de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
El 18 de enero de 2012, se coordinó una medida de protesta en la cual participaron la versión de Wikipedia en inglés, la red social Reddit y cerca de 7000 sitios web, las cuales consistieron de un apagón informático, la visualización de imágenes con censura y enlaces a páginas que describían las leyes SOPA y PIPA con las posibles consecuencias que podrían originar en caso de ser aprobadas. Además, se organizaron otras medidas como la distribución de información de contacto de comunicación con congresistas estadounidenses, la firma de peticiones (entre las que destaca la de Google que afirma haber obtenido 7millones de firmas), boicots a empresas que presentaron su apoyo a la promulgación de estas ley y la organización de protestas en varias ciudades al nivel nacional. Se estima que más de 160millones de personas pudieron visualizar el aviso publicado en Wikipedia durante el apagón.
En respuesta a estas acciones de protesta, la RIAA se pronunció al respecto, argumentando: «Es algo peligroso y preocupante cuando las plataformas que sirven como puertas de acceso a la información intencionalmente alteran los hechos para incitar a sus usuarios armándolos con esa desinformación…» y «es muy difícil de contrarrestar la desinformación cuando los difusores son también los propietarios de la plataforma de difusión».
Como alternativa a la propuesta legislativa, un grupo de legisladores opositores a la ley propusieron la Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act (OPEN) (Ley de Protección en Línea y Refuerzo del Comercio Digital).
El 20 de enero de 2012, el presidente del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, Lamar Smith, pospuso los planes de elaboración del proyecto, argumentando: «El comité mantiene el compromiso de encontrar una solución al problema de la piratería online que proteja la propiedad intelectual e innovación estadounidense… El Comité Judicial de la Cámara pospondrá a consideración la legislación hasta conseguir un mayor acuerdo en la solución».
Información general
El proyecto inicial fue sustentado además por un grupo compuesto inicialmente por 12 copatrocinadores de ambos partidos. Al momento de ser presentado el proyecto de ley se encontraba estructurado en forma similar al Acta de protección de propiedad intelectual, un proyecto de ley presentado ante el Senado en el año 2008, conocido en inglés como PROTECTIP y por su acrónimo PIPA.
El proyecto de ley original permitía que los propietarios de derechos de autor pudieran solicitar como una medida agresiva con órdenes judiciales contra sitios web acusados de permitir o facilitar la infracción de los derechos de autoría; aún encontrándose estos sitios alojados en servidores fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Adicionalmente, si la solicitud era hecha por el Departamento de Justicia, podía incluir una orden judicial para impedir la financiación del sitio web infractor bloqueando su acceso a las redes de publicidad, a los facilitadores de pago en línea e impidiendo a los motores de búsqueda que enlazaran con el sitio infractor.
El proyecto de ley establecía un proceso de dos etapas para aquellos propietarios de derechos intelectuales que requiriesen una compensación al verse perjudicados por el sitio infractor. El propietario de los derechos debería primero enviar una notificación por escrito a las empresas facilitadoras de pago y a las redes de publicidad en línea, informando la identidad del sitio infractor. Estos últimos a su vez deberían enviar una notificación al sitio infractor y suspender los servicios prestados; esto a menos que el sitio infractor entregue a su vez una contranotificación explicando los motivos por los cuales considera que no se encuentra en infracción. En esta situación el titular de los derechos podía demandar una medida cautelar de alcance limitado contra el operador del sitio, ya sea porque el operador del sitio hubiese entregado la contranotificación o porque los servicios de pago o anuncios en línea no fueron capaces de suspender los servicios prestados en ausencia de tal contranotificación.
La segunda sección del proyecto trata sobre la penalización del streaming de video y la venta de medicamentos falsificados. El proyecto incrementa las penas y extiende las ofensas a los derechos de autor incluyendo al streaming no autorizado de contenidos y otras ofensas a los derechos de propiedad intelectual. Penalizando al streaming de contenidos no autorizados con hasta cinco años de prisión por diez infracciones en un plazo de seis meses.
El proyecto de ley otorga inmunidad a las redes de publicidad y facilitadores de pago que se atengan a su cumplimiento, o que tomen medidas voluntarias para cortar vínculos con tales sitios. Cualquier titular de derechos de propiedad intelectual, que, sin fundamento y a sabiendas acusara a un sitio web por infracción, sería responsable de los daños ocasionados.
Entre los promotores de la ley se encuentran la Motion Picture Association of America (MPAA), la Recording Industry Association of America, laboratorios farmacéuticos tales como Pfizer, negocios de medios audiovisuales y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Quienes promueven la ley afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, empleos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros. Citando ejemplos como el del acuerdo judicial de 500millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su papel en una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos estadounidenses que alentaba a los consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en farmacias en línea de Canadá.
Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet, y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión.
En octubre del año 2011, el representante Bob Goodlatte, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y presidente del Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia, y la Internet; dijo en una entrevista ante el periódico The Hill que SOPA representa una versión reescrita del proyecto PROTECT IP presentado ante el senado, en la cual se abordan algunas de las preocupaciones de la industria tecnológica. Señalando que, en la versión de la Cámara, los titulares de derechos de autor no podrán demandar directamente a los intermediarios, para bloquear a los sitios web infractores ya que en su lugar requiere de la aprobación de la corte antes de tomar medidas frente a terceros. mientras que la versión en el senado PROTECT IP, no lo requiere.
Objetivo
Protección de los ingresos de los creadores de contenidos El Representante Bob Goodlatte sentenció «La Propiedad Intelectual es uno de los principales elementos de creación de empleo, y una de nuestras principales ventajas competitivas en el mercado global, sin embargo los inventores, autores y empresarios americanos han sido obligados a observar impotentes como su trabajo es robado por infractores extranjeros, que están fuera del alcance de las leyes actuales de los Estados Unidos. Esta legislación actualizará las leyes para garantizar que los incentivos económicos que nuestros Padres Fundadores consagraron en la Constitución hace más de 220años —para alentar nuevas obras literarias, investigaciones, productos y servicios— sigan siendo efectivas en el mercado global del , lo que contribuirá a la creación de más empleos en América».
Los propietarios de estos derechos ven a los intermediarios -las empresas que hospedan, enlazan, y se dedican al comercio electrónico basado en estos contenidos- como los únicos asequibles para ser acusados.
El Representante John Conyers, patrocinador del proyecto dijo: «Millones de puestos de trabajo americanos penden en la balanza, y nuestros esfuerzos por proteger la propiedad intelectual de América son críticos para el éxito de nuestra economía a largo plazo». El representante tejano Lamar Smith añadió: «El Acta SOPA, ayudará a detener el flujo de beneficios hacia estos pícaros sitios web, y asegurará que las ganancias provenientes de las innovaciones americanas vayan a los innovadores americanos».
Los representantes de la MPAA que testificaron ante el comité dijeron que la industria del cine y películas sostiene a dos millones de puestos de trabajo y a 95000 pequeñas empresas.
Protección contra medicamentos falsificados John Clark, portavoz de Pfizer, testificó ante la audiencia del comité que los pacientes no siempre son capaces de distinguir a aquellos sitios hábilmente forjados utilizados para vender medicamentos con nombres similares o simplemente falsificados.Testimony of John P. Clark; House Judiciary Committee Hearing; November 16, 2011; Pg. 3