thumb| General Baldomero Espartero. La regencia de Espartero fue el último período de la minoría de edad de Isabel II de España, así llamado porque, tras el triunfo de la «revolución de 1840» que puso fin a la regencia de María Cristina de Borbón, madre de la futura reina Isabel II —entonces con nueve años de edad—, el general Baldomero Espartero asumió la regencia en su lugar. Acabó en 1843, cuando un movimiento militar y cívico encabezado por una parte del Partido Progresista y por el Partido Moderado, que contaba con los generales afines Ramón María Narváez, Francisco Serrano y Leopoldo O'Donnell, obligó a Espartero a marchar al exilio. La coalición antiesparterista decidió entonces proclamar la mayoría de edad de Isabel, en cuanto cumplió los trece años de edad, en octubre de 1843, iniciándose así su reinado efectivo.
La «revolución de 1840» y el final de la Regencia de María Cristina de Borbón
thumb|Evaristo Pérez de Castro, presidente del Gobierno moderado que impulsó la Ley de Ayuntamientos de 1840.
La presentación en las Cortes por el Gobierno del moderado Evaristo Pérez de Castro de la Ley de Ayuntamientos consumó la ruptura entre los partidos moderado y progresista. En el proyecto, además de recortar las competencias municipales, el Gobierno era quien nombraba a los alcaldes, lo que según los progresistas era contrario a la Constitución. Así, los progresistas recurrieron a la presión popular durante el debate de la ley y, cuando ésta fue aprobada, optaron por el retraimiento y abandonaron la Cámara, desplegando una campaña desde la prensa y desde los ayuntamientos para que la regente María Cristina no la sancionara. Cuando vieron que la regente estaba dispuesta a firmarla, dirigieron sus peticiones al general Baldomero Espartero, el personaje más popular del momento tras su triunfo en la guerra contra los carlistas y que se mostraba más próximo al progresismo que al moderantismo. La enorme popularidad de la que gozaba Espartero —el «pacificador de España»— se puso de manifiesto durante su entrada triunfal en Barcelona el 14 de junio de 1840.
La regente se trasladó entonces a Barcelona, donde le ofreció a Espartero la Presidencia del Consejo de Ministros, pero este, para aceptar el nombramiento, exigió que María Cristina no sancionara la Ley de Ayuntamientos. Así que, cuando el 15 de julio de 1840 firmó la ley, se desató una grave crisis política que obligó al Gobierno de Pérez de Castro a dimitir el 18 de julio; a partir del 1 de septiembre, estallaron revueltas progresistas en muchas ciudades en las que se formaron «juntas revolucionarias» que desafiaban la autoridad de María Cristina.
El 5 de septiembre, María Cristina ordenó al general Espartero desde Valencia —a donde se había trasladado debido al ambiente hostil que había encontrado en Barcelona— que marchara a Madrid para acabar con la rebelión —que sería conocida también como la «revolución de 1840»—.Denominación debatida, por ejemplo, en : No obstante, este «se negó con buenas palabras, que contenían, en el fondo, todo un programa político: la reina debía, en su opinión, firmar un manifiesto en el que se comprometiera a respetar la Constitución, a disolver las Cortes (moderadas) y a someter a las que fueran elegidas a la revisión de las leyes aprobadas en la última legislatura, entre ellas, se sobreentiende, la Ley de Ayuntamientos». Diez días después, María Cristina no tuvo más remedio que nombrar presidente del Gobierno al general Espartero «en la esperanza de frenar la marea revolucionaria que se había apoderado del país».
La entrevista en Valencia entre Espartero y María Cristina de Borbón tuvo lugar el 12 de octubre de 1840. Durante la misma, María Cristina le comunicó su decisión de abandonar la regencia y dejarle el cuidado de sus hija: Isabel II y su hermana Luisa Fernanda de Borbón. Ese mismo día, María Cristina de Borbón firmaba su renuncia a la regencia —y la convocatoria de elecciones— y el 17 de octubre embarcaba en Valencia rumbo a Marsella, para iniciar un exilio —«voluntario», según Juan Francisco Fuentes; «forzado», según Jorge Vilches— que iba a durar tres años. Según Josep Fontana, María Cristina «rechazó en Valencia las condiciones que se le exigían y decidió renunciar a la regencia y exiliarse en Francia, no para retirarse de la política, sino para conspirar desde allí con más seguridad», como lo puso en evidencia el fracasado pronunciamiento moderado de 1841, instigado por ella.
La Regencia
El nombramiento de Espartero como regente y las disensiones con los progresistas Tras la marcha de María Cristina al exilio, la regencia la desempeñó interinamente el Gobierno presidido por Espartero, según lo establecido en la Constitución de 1837, en lo que se llamó «Ministerio-Regencia», hasta que las Cortes decidieran. En la Constitución, respecto de la regencia se decía: «hasta que las Cortes nombren la Regencia será gobernado el Reino provisionalmente por el padre o la madre del Rey y en su defecto por el Consejo de Ministros» (art. 58).
La primera medida que tomó el nuevo Gobierno fue satisfacer la principal reivindicación de los progresistas, que había motivado la revolución de 1840: suspendió la Ley de Ayuntamientos sancionada por María Cristina. A continuación, convocó elecciones a Cortes, que se celebraron el 1 de febrero de 1841 y que dieron una amplia victoria al Partido Progresista, debido en parte al retraimiento del Partido Moderado, lo que desvirtuaba el resultado y desnaturalizaba la esencia misma de un régimen parlamentario y representativo. Así, a falta de verdadera oposición al Gobierno por la ausencia de los moderados en las Cortes, ésta la asumió una parte del propio partido progresista, como se pudo comprobar cuando se empezó a discutir la cuestión de la regencia.
En el debate en las Cortes sobre la regencia se produjo la división en el seno del Partido Progresista entre «unitarios» y «trinitarios». Los primeros, también llamados «esparteristas», defendían que la regencia la desempeñara una única persona, y que esa persona debía ser Espartero; los segundos, temerosos del enorme poder que iba a tener el general, propusieron una regencia compuesta por tres personas, una de las cuales sería Espartero. Para los trinitarios, una regencia compuesta de tres personas implicaba «un equilibrio mayor entre elementos civiles y militares y un control más preciso, por tanto, de la Regencia, recordando la trayectoria de María Cristina». thumb|Antonio González y González, retratado por Ricardo María Navarrete y Fos. De este modo, cuando las nuevas Cortes, inauguradas el 19 de marzo de 1841, votaron cuántas personas debían formar la regencia, los esparteristas ganaron la votación con 153 diputados a favor de la regencia única, mientras que los trinitarios consiguieron un resultado notable, pues 136 diputados apoyaron la regencia a tres. Así, Espartero «pudo comprobar que el apoyo de sus socios de gobierno, los progresistas, no iba a ser ni unánime ni incondicional». Finalmente, el general Espartero fue elegido regente el 8 de mayo por 179 votos, aunque el candidato trinitario Agustín de Argüelles consiguió el apoyo de 110 diputados, un resultado nada despreciable, que se unió a su elección como presidente del Congreso de los Diputados y como tutor de la reina Isabel II. Al parecer de Ángel Bahamonde: «Se había producido la primera fisura importante entre Espartero y el partido progresista».
Las divergencias entre una parte del partido progresista y Espartero continuaron cuando este, asumida la regencia, nombró el 20 de mayo presidente del Gobierno a Antonio González González, un hombre de su confianza, pero que no era del agrado de los principales líderes progresistas. Además, con esa designación aunaba la Jefatura del Estado y la Presidencia de facto del Ejecutivo, lo que suponía una grave distorsión del régimen parlamentario.
El malestar contra los ayacuchos y el nacimiento del militarismo
thumb| General Valentín Ferraz, miembro de los ayacuchos. Al poco tiempo de asumir la regencia, Espartero fue acusado por ciertos sectores del Ejército y de los partidos moderado y progresista de que su política de nombramientos militares —y en algunos casos también civiles— favorecía únicamente a los miembros de su camarilla militar, conocida con el nombre de los «ayacuchos». Estos eran generales que gozaban de la máxima confianza del regente, porque habían combatido y desarrollado su carrera militar con él en las guerras de independencia hispanoamericanas, y de ahí la denominación de «ayacuchos» —en referencia a la última batalla de aquella guerra (batalla en la que, por cierto, Espartero no participó)—. De vuelta a España, el grupo mantuvo las relaciones clientelares de apoyo mutuo durante la guerra carlista de 1833-40 en torno a Espartero, que continuarían tras asumir este la regencia.
Al favoritismo hacia los ayacuchos se sumaba el malestar por los retrasos en las pagas a los oficiales del Ejército y las dificultades que tenían para promocionar y desarrollar su carrera militar. Pero esto no era culpa de Espartero, sino de un problema de fondo: el excesivo número de oficiales, jefes y generales del Ejército, producto de las guerras casi permanentes en que se había visto envuelta España entre 1808 y 1840, con los correspondientes ascensos y nombramientos. Un problema notablemente agravado por el Convenio de Vergara, que permitía el ingreso en el Ejército de los oficiales carlistas, y al que muchos de ellos se habían acogido. Así, el Estado era incapaz de hacer frente al coste económico de un Ejército con las plantillas infladas y que el republicano Fernando Garrido definió unos años después como «el más caro del mundo». En consecuencia, las pagas se hicieron cada vez más esporádicas, y el Ejército se convirtió en un semillero de protestas, hasta el punto en que un regimiento llegó a declararse en huelga en 1841.
Según Juan Francisco Fuentes, «se creó así un círculo vicioso muy difícil de romper: los militares querían cobrar su sueldo, prosperar en su carrera y tener un destino acorde con su graduación. Los gobernantes, por su parte, ya fueran civiles o militares, carecían del valor político para abordar la necesaria reforma del ejército, que exigía una reducción drástica del escalafón, pero al mantener tal estado de cosas, perpetuaban el descontento de los militares y su disposición a participar en todo tipo de aventuras políticas». Además alentó el nacimiento de un discurso corporativista y militarista canalizado a través de periódicos de nombre tan significativo como El Grito del Ejército o El Archivo Militar, que llegó a escribir en su número del 30 de septiembre de 1841:
La obra legislativa de las Cortes