thumb|right|La presa Hoover proporciona energía hidroeléctrica y agua potable al suroeste del país. thumb|right|Parque eólico en Texas. La política energética de los Estados Unidos es el conjunto de decisiones adoptadas por las administraciones federal, estatales y locales de los Estados Unidos en materia de producción, distribución y consumo de energía. Comprende legislación, tratados internacionales, subsidios e incentivos a la inversión, normas de eficiencia energética y de consumo de combustible, códigos de edificación, impuestos y otros instrumentos de política pública. El país nunca ha aprobado una estrategia energética integral de largo plazo y la orientación de su política ha oscilado de forma pronunciada entre administraciones sucesivas.
El Congreso ha aprobado tres grandes leyes energéticas de alcance general: la Ley de Política Energética de 1992, la Ley de Política Energética de 2005 y la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007, que introdujeron programas de conservación como Energy Star, normas de eficiencia e incentivos fiscales tanto para las energías renovables como para las fuentes convencionales. A ellas se sumaron la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de 2021, la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 —el mayor compromiso federal de la historia del país con la energía baja en carbono— y la One Big Beautiful Bill Act de julio de 2025, que derogó o adelantó la extinción de buena parte de esos incentivos.
Desde 2019 Estados Unidos produce más energía de la que consume. En 2025 fue el mayor productor mundial de petróleo crudo y de gas natural y alcanzó una producción total de energía de unos 107 × 1015 BTU, cifra récord por cuarto año consecutivo. Ese mismo año los combustibles fósiles representaron cerca del 82 % del consumo de energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la energía aumentaron un 2 %, hasta 4904 millones de toneladas métricas.
En el plano internacional, Estados Unidos se retiró del Protocolo de Kioto en 2001 y del Acuerdo de París en dos ocasiones: entre 2020 y 2021 y, de nuevo, con efecto desde el 27 de enero de 2026.
Historia
En el periodo colonial la energía procedía casi por completo de la madera, empleada para la calefacción y la industria. El sigloXIX trajo el uso masivo del carbón en el transporte ferroviario, la calefacción y la manufactura, mientras el aceite de ballena alumbraba las lámparas domésticas. El gas manufacturado a partir de carbón iluminó las calles de Baltimore desde 1816 y el primer uso comercial de gas natural se registró en Fredonia, Nueva York, en 1821. El carbón aportó la mayor parte de la energía del país hasta mediados del sigloXX: era habitual que las viviendas urbanas dispusieran de una carbonera y una caldera de carbón, sustituidas progresivamente por calderas de fueloil, no por ser más baratas, sino por resultar más cómodas y limpias.
La expansión del automóvil impulsó el consumo de petróleo, que superó al del carbón hacia 1950. La abundancia de crudo en California, Texas y Oklahoma, además de Canadá y México, junto con su bajo coste, su facilidad de transporte, su elevada densidad energética y su uso en motores de combustión interna, favoreció esa transición. Tras la Segunda Guerra Mundial las calderas de gasóleo desplazaron al carbón en la costa este, las locomotoras diésel sustituyeron a las de vapor y los autobuses reemplazaron a numerosas redes de tranvía eléctrico; en 1949 General Motors y otras empresas fueron condenadas por conspirar para monopolizar la venta de autobuses y suministros a las compañías de transporte urbano, episodio conocido como la conspiración del tranvía de General Motors, si bien su peso real en la desaparición de los tranvías es objeto de debate entre historiadores. El sistema de autopistas interestatales, iniciado en 1956, consolidó al vehículo privado como principal medio de transporte. A medida que crecieron las importaciones, la política exterior estadounidense se implicó de forma creciente en Oriente Medio, en el apoyo a los productores del golfo Pérsico y en la protección de las rutas marítimas.
La electrificación siguió un camino paralelo. La primera central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara entró en servicio en 1881, y en 1895 la estación Adams, construida por Westinghouse con patentes de Nikola Tesla, inauguró la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Las grandes presas federales —el sistema de la Autoridad del Valle del Tennessee, la presa Grand Coulee y la presa Hoover— proporcionaron electricidad barata a amplias regiones, y la Administración de Electrificación Rural, creada en 1935, extendió la red a las zonas agrícolas.
Un estudio del Environmental Law Institute estimó que, entre 2002 y 2008, las subvenciones federales a los combustibles fósiles ascendieron a unos 72 000 millones de dólares, frente a unos 29 000 millones destinados a las energías renovables, de los cuales más de la mitad correspondieron al etanol de maíz.
Marco legislativo federal La política energética estadounidense se articula sobre un conjunto de leyes aprobadas a lo largo de tres décadas:
Ley de Política Energética de 1992: liberalizó parcialmente el mercado mayorista de electricidad y creó incentivos para las energías renovables y los vehículos alternativos. Ley de Política Energética de 2005: amplió los créditos fiscales a la producción renovable, estableció garantías de préstamo para tecnologías avanzadas y creó el Renewable Fuel Standard, que fijó cuotas obligatorias de mezcla de biocarburantes. Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007: elevó las normas CAFE de eficiencia de los automóviles, amplió el Renewable Fuel Standard hasta 36 000 millones de galones anuales en 2022 y programó la retirada progresiva de las lámparas incandescentes. Ley de Reinversión y Recuperación de 2009: destinó más de 70 000 millones de dólares a energía limpia, transporte avanzado y eficiencia energética como parte del estímulo posterior a la crisis financiera de 2008. Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de 2021 (P. L. 117-58): asignó unos 62 000 millones de dólares al Departamento de Energía, incluidos 21 500 millones para proyectos de demostración, 8000 millones para centros regionales de hidrógeno, 7000 millones para la cadena de suministro de baterías, 6000 millones para el programa de créditos a centrales nucleares existentes y 5000 millones para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (P. L. 117-169): aprobada el 16 de agosto de 2022, previó unos 369 000 millones de dólares en gasto y créditos fiscales para energía y clima, aunque estimaciones posteriores elevaron el coste real por encima de los 780 000 millones al tratarse de créditos sin límite presupuestario. Creó o amplió los créditos a la producción y a la inversión en electricidad limpia (secciones 45Y y 48E), a la fabricación de componentes (45X), al hidrógeno limpio (45V), a la captura y almacenamiento de carbono (45Q), a la energía nuclear existente (45U) y a los vehículos eléctricos (30D), e introdujo el pago directo y la transferibilidad de los créditos. One Big Beautiful Bill Act (P. L. 119-21), promulgada el 4 de julio de 2025: revirtió gran parte de lo anterior. Suprimió los créditos a los vehículos limpios (30D, 25E y 45W) para adquisiciones posteriores al 30 de septiembre de 2025, el crédito residencial del 30 % a la energía limpia (25D) para gastos posteriores al 31 de diciembre de 2025 y varios incentivos a la eficiencia en edificios. Las instalaciones eólicas y solares solo conservan los créditos 45Y y 48E si inician la construcción dentro de los doce meses siguientes a la promulgación o entran en servicio antes del 31 de diciembre de 2027. En cambio, mantuvo e incluso reforzó el crédito 45Q a la captura de carbono —85 dólares por tonelada almacenada geológicamente y 180 en captura directa del aire— y prorrogó el crédito a los combustibles limpios (45Z) hasta 2029.
Cambio de orientación en 2025-2026 El 20 de enero de 2025 el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14156, que declaró una «emergencia energética nacional», y la orden 14154, «Unleashing American Energy», que revocó las órdenes climáticas anteriores, suspendió los desembolsos pendientes de la Ley de Reducción de la Inflación y de la ley de infraestructuras, y ordenó eliminar obstáculos al desarrollo de hidrocarburos y minerales críticos. La definición de «recursos energéticos» empleada en la orden 14156 excluye expresamente la energía eólica y la solar. En febrero de 2025 se creó el Consejo Nacional de Dominio Energético.
Ese mismo día el Departamento de Energía puso fin a la moratoria sobre nuevas autorizaciones de exportación de gas natural licuado a países sin tratado de libre comercio. En paralelo, la administración suspendió los arrendamientos y permisos de energía eólica marina en la plataforma continental exterior; los tribunales anularon buena parte de esas suspensiones a lo largo de 2025 y 2026, aunque varias empresas —entre ellas TotalEnergies y RWE— aceptaron acuerdos económicos para renunciar a sus concesiones. El Departamento de Energía canceló además cientos de ayudas concedidas con cargo a las leyes de 2021 y 2022, por un importe superior a 8000 millones de dólares solo en octubre de 2025.
En materia regulatoria, el 12 de febrero de 2026 la Agencia de Protección Ambiental (EPA) derogó el dictamen de peligrosidad (endangerment finding) de 2009 y, con él, todas las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para vehículos; la norma se publicó el 18 de febrero de 2026 y fue recurrida de inmediato ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia por una coalición de 24 estados y numerosas organizaciones sanitarias y ambientales. La derogación de las normas de emisión de las centrales térmicas, propuesta en junio de 2025, seguía pendiente de publicación en agosto de 2026, al igual que la propuesta SAFE III de la NHTSA, que rebajaría el objetivo medio de eficiencia de los turismos a unos 34,5 mpg en 2031 frente a los 50,4 mpg fijados en 2024.
En el ámbito judicial, la sentencia West Virginia v. EPA (2022) restringió la capacidad de la EPA para imponer cambios estructurales en la generación eléctrica; Loper Bright Enterprises v. Raimondo (2024) anuló la doctrina Chevron de deferencia hacia las agencias, y Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County (2025) limitó el alcance de las evaluaciones ambientales exigidas por la Ley de Política Ambiental Nacional. El Tribunal Supremo admitió a trámite en febrero de 2026 el caso Suncor Energy v. Boulder County, que decidirá sobre la viabilidad de las demandas estatales y municipales de daños climáticos contra las petroleras.
Independencia energética y resiliencia thumb|right|250px|lang=es|Producción e importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos, en millones de barriles diarios.
La producción estadounidense de petróleo alcanzó un máximo en 1970 y descendió durante casi cuatro décadas; en 2005 las importaciones netas llegaron a duplicar la producción nacional. La crisis del petróleo de 1973 convirtió la energía en un asunto político de primer orden. Como respuesta se creó el Departamento de Energía (1977), se impuso un límite nacional de velocidad de 55 mph (88km/h), se promulgaron las normas de eficiencia CAFE, se constituyó la Reserva Estratégica de Petróleo y se aprobó la Ley Nacional de Energía de 1978, que impulsó la diversificación de fuentes y de proveedores.