miniaturadeimagen|239x239px|Pedro Castillo en un mensaje a la Nación en 2021. miniaturadeimagen|Esquema de pagos y beneficios en el caso de presunta corrupción que involucra a la empresaria Sada Goray y Pedro Castillo Las investigaciones de casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo hacen referencia a una serie de expedientes elaborados por el Ministerio Público del Perú en relación con los acontecimientos ocurridos entre 2021 y 2022, con documentación originada, en parte, por la prensa. Se trata del primer gobierno en ejercicio sometido a una investigación de este tipo, que concluyó con la acumulación de 51 causas judiciales. Para los escándalos que involucraron a su entorno véase su respectivo artículo.
Luego de las investigaciones por los fiscales y la prensa, algunos de estos casos fueron incorporados en los registros oficiales de la Fiscalía, a través del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), un grupo de trabajo que inicialmente investigaba a funcionarios allegados a Castillo. Esto se debió a que dicho ente autónomo tenía la facultad de investigar al entonces presidente de la República. Algunas investigaciones se formalizaron desde el ámbito jurídico en febrero de 2023, coincidiendo con la presentación del expediente para su informe penal. Esta formalización ocurrió, además, cuando el Congreso de la República aprobó una comisión para acusar a la máxima autoridad, responsabilizándolo de presuntos delitos, englobados en organización criminal, tráfico ilícito de influencias y colusión, que habían causado perjuicios a los intereses del Estado peruano.
En el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, se hallaron casos que fueron corroborados (con más de 190 elementos de convicción) y que cobran relevancia en la investigación. Entre ellos, se encuentran la contratación de Marka Group, una empresa administrada por Sada Goray, y el buró político apodado «gabinete en la sombra», que, supuestamente, gestionaba licitaciones millonarias en el despacho de gobierno. Asimismo, se descubrieron los ascensos en las fuerzas armadas y policiales, la controversia en torno a la construcción del Puente Tarata en el departamento de San Martín (a partir de coordinaciones extraoficiales en una vivienda particular), la existencia del grupo de congresistas conocidos como «Los Niños» y los acontecimientos relacionados con Petroperú. Posteriormente, la Fiscalía inició el caso Anguía, relativo a la municipalidad distrital homónima en el departamento de Cajamarca, donde nació el señor Castillo. Entre los testigos que ofrecieron evidencia de los supuestos actos se encuentra Karelim López, quien fuera empleada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que, además, mantenía una estrecha relación con el entorno presidencial. A lo largo de las diversas investigaciones, la interpretación principal que se ha compartido es que el señor Castillo habría sido el líder de la presunta organización delictiva.
El mandato de Castillo concluyó el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de este luego un intento de autogolpe de Estado en Perú que solicitó la reorganización del Ministerio Público, entre otras instituciones. En enero de 2023, de todo el círculo interno, solo 79 (entre servidores contratados y no contratados) fueron investigados por sus vínculos más cercanos en el despacho, mientras que 18 confesaron haber cometido algún acto ilícito en mayo de ese año. Entre las personas relevantes que fueron motivo de investigación figuran la ex primera dama Lilia Paredes, el exministro Geiner Alvarado, la hija del presidente Yenifer Paredes y otros funcionarios.
Contexto
Antecedentes e inicio de las investigaciones En el año 2021, con la postulación y consiguiente presidencia de Pedro Castillo, su mentor Vladimir Cerrón y el partido político Perú Libre se vieron involucrados con el llamado caso de «Los Dinámicos del Centro», una red delictiva dedicada a la consecución irregular de brevetes desde 2012 en el departamento de Junín, lugar donde surgió el partido político, y el direccionamiento de contratos CAS a cambio de pagos. La fiscalía anticorrupción alegó en su tesis que la financiación de campañas, entre ellas la de Castillo, fue una posible responsabilidad de esta red. Castillo manifestó su disposición a ser investigado en relación con su campaña.
Cuando ya era presidente, Castillo se vanaglorió contra otras altas autoridades cuando señaló que «tenemos corruptos de todo calibre» durante su paso por el Consejo Permanente de la OEA, y prometió «acabar la racha de exgobiernos corruptos» en la Cumbre de las Américas de 2022. Sin embargo, la sociedad civil Plataforma Vigilantes advirtió en 2021 de una serie de «alertas rojas», entre ellas por un incumplimiento de un plan para combatir actos ilícitos que habría prometido en su nuevo mandato.
Las investigaciones hacia Pedro Castillo coincidieron con la crisis política que se inició en 2021 entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Para el primero se reportó la falta de preparación, la inestabilidad en los nombramientos de ministros y los abusos del sistema por parte de su círculo interno, conformado por personas cercanas al entonces dignatario. Durante ese periodo, no se adoptaron medidas para rendir cuentas de manera transparente, según Proética y la Asociación Civil Transparencia. miniaturadeimagen|Marita Barreto, directora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder desde su creación, en 2021, hasta 2024. Posteriormente, cuando se percató la presencia algunas irregularidades, como las reuniones con el presidente, se realizaron diligencias a partir de los documentos exhibidos en el despacho, según denunció el fiscal Luis Alberto Medina cuando denegaron ingresas al Palacio de Gobierno en 2021. Posteriormente, las investigaciones fueron realizadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), organismo dirigido por Marita Barreto. Debido a la mayor cantidad de expedientes, las tareas fueron distribuidos por los asignados Raúl Martínez y Hans Aguirre. Su labor de investigación se llevó a cabo tanto en las instalaciones del Ministerio Público como en otras dependencias, contando con el apoyo de la Contraloría General de la República.
En respuesta a ello, el entonces presidente Castillo manifestó nuevamente su disposición a someterse a las investigaciones en su contra durante su mensaje a la Nación. Sin embargo, la fiscal Barreto cuestionó las «obstrucciones» que percató cuando solicitó sus declaraciones; mientras que el encargado del equipo, el coronel de la PNP Harvey Colchado, denunció la reducción de su presupuesto cuando se realizó el operativo Valkiria. El brevemente asumido ministro del Interior, Mariano González, denunció inconvenientes entre el gobierno y el equipo especial. Gonzáles colaboró de la Policía Nacional de Perú para ejecutar el arresto de algunos involucrados, entre ellos a sus familiares, horas antes de su remoción del cargo.
Expedientes confirmados y otras investigaciones Las carpetas fiscales pertenecientes al señor Barreto Rivera estuvieron sujetas a una contienda legal por la custodia con la máxima autoridad de la institución, Patricia Benavides. Entre los expedientes del círculo interno presidencial más relevantes se encuentran:
Caso 06-2022 (Caso Petroperú) Caso 07-2022 (Caso Tarata) Caso 08-2022 (Caso Asesores en la sombra, también llamado Gabinete en la sombra) Caso 02-2022 (Caso Anguía y otros) Los expedientes atribuyen al expresidente como responsable. No obstante, y extraoficialmente a los expedientes del Eficcop, se revelaron otras operaciones irregulares dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo la dirección de Geiner Alvarado, quien fue destituido posteriormente por el Congreso. Una de las viceministras, Elizabeth Añaños Vega, manifestó que estuvo incómoda de las irregularidades que se experimentaron en la gestión de Alvarado, antes que fuese despedida. Tras la destitución de Pedro Castillo, su sucesora Hania Pérez de Cuéllar, denunció la existencia de irregularidades en el ministerio.
Fiscalía también se recurrió a una nueva tesis sobre las irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en la cual se le atribuye a Castillo como líder. Sin embargo, ninguna de las revelaciones fueron investigadas por separado.
Para obtener más pruebas de los casos, en diciembre de 2023 Poder Judicial declaró fundado con la orden para que las empresas de telefonía debieran informar las llamadas y mensajes de texto generados por Castillo del 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022. En ese mes, el Poder Judicial procedió sin oposición la resolución que se solicitaba revelar la información bancaria del expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado en la investigación sobre los casos Puente Tarata, Petroperú y relacionados con el Ministerio de Vivienda.
El Fiscal Adjunto del área especializada en Enriquecimiento lícito y Denuncias Constitucionales, Marco Hernán, sostuvo que encontraron serios elementos cuando se realizaron allanamientos para los casos Asesores en la sombra, como los beneficios a personas cercanas a Pedro Castillo. En el marco de estas investigaciones, el expresidente Castillo fue objeto de una medida de detención preventiva que se extiende hasta el 8 de marzo de 2026. Cabe destacar que, si bien presentó recursos de apelación, estos fueron rechazados por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, decisión que fue ratificada en el año 2024. Además, sobre su atribución como líder de los principales casos delictivos, el vacado expresidente planteó nueve recursos en primera y segunda instancia que fueron rechazados.
Extensión de la corrupción en las instituciones públicas Sin considerar los casos corroborados de por Eficcop, según un informe del Consejo Privado Anticorrupción, divulgado también por el diario Gestión, durante la administración de Castillo (2021-2022), se nombraron irregularmente alrededor de 300 funcionarios, lo cual se suma a los 2500 servidores identificados en un informe de la Contraloría General de la República manifestado en su informe de mayo de 2023. Algunas de las personas que colaboraron en Estado carecen la debida acreditación para ser contratados, mientras que otros son señalados como parte de la familia presidencial.
Por su parte, la sucesora presidencial Dina Boluarte, señaló en 2023 que el fisco peruano perdió la suma de 25 mil millones de soles durante el periodo de gobierno de Castillo. Sin embargo, una de las exministras, Mirtha Vásquez, afirmó que los comportamientos de corrupción se extendieron al señalado gobierno de Boluarte. El decano El Comercio señaló que para la transición presidencial, un 25 % de los altos funcionarios fue hallado responsable por la Contraloría General de la República de presuntas irregularidades entre los años 2017 y 2022. Según Perú 21, la percepción de corrupción en los gobiernos de Castillo y Boluarte, junto con la deficiente implementación de reformas por parte del Congreso de la República, fueron factores que llevaron a Transparencia Internacional a bajar 20 puestos al país en su ranking, ubicándolo en la posición 121 de 180 países.
Casos investigados
Casos «Casa de Sarratea», el proyecto Tarata III y referencias de reuniones clandestinas