thumb|El presidente de la Nación, Alberto Fernández anuncia el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, acompañado de los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) y Gerardo Morales (Jujuy).

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio o ASPO o ASPRO fue la primera y más importante medida sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Argentina decretada por el presidente Alberto Fernández en marzo de 2020, en la primera etapa temprana de la expansión del coronavirus en Argentina, con el objetivo de limitar su propagación.Bohoslavsky (2020)

Esta cuarentena fue una de las más largas de todos los países del mundo. En total, duró hasta el 31 de diciembre de 2022, y por eso, Argentina fue reconocida internacionalmente por la severidad de sus medidas ya que ocupó el segundo lugar a nivel global en el ranking de países con las cuarentenas más estrictas durante la pandemia de COVID-19.

La implementación del ASPO otorgó amplios poderes a las fuerzas de seguridad, que fueron habilitadas a realizar controles vehiculares y en espacios públicos, a dispersar reuniones sociales y, en caso de incumplimiento. El presidente Fernández aseguró que sería inflexible con todo aquel que violara la medida de aislamiento La línea telefónica 134 fue habilitada como canal de denuncias ciudadanas sobre posibles violaciones al aislamiento.

En todo el país se llevaron a cabo extensas acciones de vigilancia coordinadas por diferentes organismos de las fuerzas de seguridad, con el objetivo garantizar el estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio, que podían intervenir de manera inmediata para detener a cualquier ciudadano que incumpliera el ASPO. A los dos meses y medio de comenzado el ASPO ya 93.177 personas habían sido detenidas por haber salido a la calle. La entrega del control del confinamiento a los organismos de seguridad derivó en numerosos episodios de represión y violencia institucional con numerosos casos de muertes producto de la represión. Entre el 20 de marzo y el 4 de mayo hubo 10.887 detenciones policiales por transgredir el decreto del ASPO. En noviembre ya había habido 400 casos de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. La represión estatal asesinó a una persona cada 20 horas en Argentina, y numerosas personas denunciaron haber sido golpeadas o torturadas por haber violado el ASPO, por haber salido a la calle o por no usar barbijo.

Como consecuencia de que la gente no podía ir a trabajar, muchas empresas y pequeños comercios se fundieron y debieron cerrar. La economía se paralizó. El impacto laboral fue importante porque se registró un enorme deterioro sobre el mercado de trabajo argentino. Solo en 2020 la pobreza aumentó al 42%. La población no tenía autorización para salir a la calle, las visitas a familiares estaban prohibidas, los ancianos en los geriátricos quedaron completamente aislados de sus familias, los locales comerciales permanecían cerrados, y quienes practicaban deportes tenían restringido el acceso a espacios públicos. El aislamiento y la falta de acceso a las escuelas tuvo un alto impacto en el estado emocional de los niños, quienes no pudieron concurrir a clases durante un año y medio. Estaban prohibidas las visitas a los hospitales y los velorios y entierros. La gente no podía despedirse de sus seres queridos en caso de fallecimiento.

Aunque al comienzo el ASPO tuvo mucho apoyo, con el tiempo la población comenzó a rebelarse. Entre el 16 de marzo y el 7 de junio de 2020 ya había habido hubo 489 protestas sociales en las calles. Cuando se cumplieron dos años del ASPO, miles de personas se manifestaron con cacerolazos y diversas protestas en el Obelisco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros puntos del país, por la “libertad” y en contra del “encierro”.

Las tensiones se agravaron aún más a raíz del denominado escándalo por vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de Argentina que estalló en febrero de 2021 y puso en duda la equidad en el acceso a la vacunación, y con el llamado «escándalo de la fiesta de Olivos», cuando los argentinos se enteraron de que durante la pandemia la familia presidencial no solamente había continuado con su vida normal sino que incluso habían festejado fiestas en la quinta presidencial en la localidad de Olivos, y que el presidente recibía visitas personales de distintas mujeres en la quinta presidencial de Olivos sin respetar el ASPO.

Durante la llamada cuarentena fallecieron 130.537 personas por coronavirus en ese país. En julio de 2021, cuando todavía funcionaba la cuarentena, Argentina se encontraba en el puesto número 4 del ranking de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de fallecidos por covid en relación a su población, con 2.196 muertes por millón de habitantes. Fue una de las cuarentenas más largas del mundo con resultados no exitosos.

Decretos de necesidad y urgencia thumb|Afiches públicos sobre el coronavirus. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio o ASPO o ASPRO fue la primera y más importante medida sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Argentina decretada por el presidente Alberto Fernández en marzo de 2020, en la primera etapa temprana de la expansión del coronavirus en Argentina, con el objetivo de limitar su propagación. Durante la llamada cuarentena fallecieron 130.537 personas por coronavirus en ese país. En julio de 2021, cuando todavía funcionaba la cuarentena, Argentina se encontraba en el puesto número 4 del ranking de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de fallecidos por covid en relación a su población, con 2.196 muertes por millón de habitantes.

El decreto fue prorrogado en numerosas ocasiones por el decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, N° 331/20, 355 del 11 de abril de 2020, N° 365/20 y N° 408/20 del 26 de abril de 2020, el N° 409/20, el N° 459/2020, N° 576/2020, el decreto 125/2021 y se amplió por la Ley N° 27.541 por el plazo de un año, por lo que el aislamiento obligatorio debía durar hasta marzo de 2021, continuó prorrogándose hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta cuarentena fue una de las más largas de todos los países del mundo. En total, duró hasta el 31 de diciembre de 2022, y por eso, Argentina fue reconocida internacionalmente por la severidad de sus medidas ya que ocupó el segundo lugar a nivel global en el ranking de países con las cuarentenas más estrictas durante la pandemia de COVID-19.

Con apenas un centenar de casos confirmados y tres fallecimientos, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, denominada Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio'''', mediante el cual se ordenó el confinamiento obligatorio de toda la población, excepto para aquellos trabajadores considerados esenciales.

Inmediatamente se cancelaron todos los eventos culturales, deportivos y sociales, mientras que las calles de las principales ciudades del país quedaron desiertas. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos a través de la Resolución 108/2020.

La implementación del ASPO otorgó amplios poderes a las fuerzas de seguridad, que fueron habilitadas a realizar controles vehiculares y en espacios públicos, a dispersar reuniones sociales y, en caso de incumplimiento, a proceder con detenciones conforme al Código Penal y al uso del Sistema de Información Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). para consultar de manera instantánea quienes transgredían el aislamiento obligatorio y salían a la calle, las fuerzas de seguridad podían consultar al SIFCOP para constatar si los ciudadanos detenidos ya había violado la cuarentena y proceder a detenerlos.

La línea telefónica 134 fue habilitada como canal de denuncias ciudadanas sobre posibles violaciones al aislamiento, en la cual se podían denunciar a los vecinos que incumplían el ASPO.

El presidente Fernández aseguró que sería inflexible con todo aquel que violara la medida de aislamiento en un discurso transmitido por cadena nacional:

El 25 de marzo, en el programa televisivo Cortá por Lozano, el presidente pidió a las fuerzas de seguridad que actuaran «sin contemplaciones» ante los infractores a las medidas sanitarias.

En ese momento, las provincias argentinas comenzaron a establecer regulaciones propias. En Mendoza, la Cámara de Diputados aceptó una reforma legal que penalizaba las reuniones sociales en domicilios particulares, con sanciones que incluían arrestos y trabajo comunitario. En Salta, se impusieron sanciones que incluían arresto, multas y trabajo comunitario para quienes violasen el aislamiento.

Infracciones al ASPO thumb|Carla Vizzotti, ministra de Salud durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hablando del mismo.

El 26 de marzo de 2020 ya había 600 autos secuestrados por la policía por salir a la calle, 2.226 personas detenidas por no cumplir con el aislamiento obligatorio y 41.346 personas notificadas por el ministerio para que se dirigieran a sus domicilios a permanecer encerrados durante el aislamiento obligatorio.

En todo el país se llevaron a cabo extensas acciones de vigilancia coordinadas por diferentes organismos encargados del orden, incluyendo a la policía, la prefectura y otras entidades, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio, dado que la normativa facultaba al Ministerio de Seguridad a realizar inspecciones en vías de tránsito y lugares comunes, y a intervenir de manera inmediata para detener cualquier incumplimiento. Las fuerzas contaban con acceso al SIFCOP (Sistema de Información Federal de Comunicaciones Policiales), un mecanismo que permitía consultar de forma instantánea antecedentes judiciales, restricciones, pedidos de localización y medidas cautelares. Gracias a este sistema, los agentes podían verificar en tiempo real si una persona ya había violado las reglas sanitarias y proceder a su detención.