Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, 26 de octubre de 1955) es un jurista español. Fue juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 —excepto entre mayo de 1993 y mayo de 1994—. Tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes de lesa humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica.
Se presentó como candidato independiente a diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.
El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel, al haber ordenado escuchas entre los investigados y sus abogados de manera ilegal.«Garzón condenado» a 11 años de inhabilitación por prevaricación en las escuchas de Gürtel. RTVE.es En agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen en el que establecía que existían «dudas» objetivamente justificadas sobre que Baltasar Garzón tuviera «acceso a un tribunal independiente e imparcial» en los procesos seguidos contra él en el Tribunal Supremo, por los casos franquismo y Gürtel. El Comité estableció que los «juicios contra Baltasar Garzón fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial».
Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En 2012 recibió su documento de identidad de residente extranjero en Argentina. Allí fue coordinador de asesoramiento internacional en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta que renunció al puesto en enero de 2016, tras el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En Colombia, asesoró a la Fiscalía General. En Ecuador fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.
Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén y por veinte universidades más en el mundo.
Biografía Aprobó las oposiciones para juez en 1981 y su primer destino fue Valverde del Camino, en la provincia de Huelva. Posteriormente fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería. En 1987 fue nombrado inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial y el 29 de enero de 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional.
Trayectoria judicial
Operaciones contra el narcotráfico Baltasar Garzón dirigió importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia. Con la operación Nécora, en 1990, desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña y, con la operación «Pitón» (1991), detuvo a los integrantes del llamado «clan de los Charlines» que operaba en las costas gallegas.
En relación con la operación «Nécora», durante una conferencia en 1994, el magistrado declaró que, a pesar de lo que se manifestaba desde algunos foros, con la legislación vigente en ese momento no se podía luchar eficazmente contra las organizaciones criminales, particularmente contra las redes de narcotraficantes, y se posicionó en una postura crítica hacia el Gobierno y las instituciones, afirmando que en estos aspectos el sistema fallaba «estrepitosamente». Poco antes, en otros medios y en relación con el mismo caso, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, había declarado que hubiera preferido una sentencia «más dura», y que la intención del ejecutivo a este respecto era «romper el espinazo» a las redes del narcotráfico.
El tribunal sentenciador de la operación «Nécora» dedicó cuarenta folios de la sentencia a analizar las escuchas telefónicas ordenadas por Garzón y lo censuró por haber ejercido «un control formal, pero no de fondo, de los pinchazos hechos por la policía». El Tribunal Supremo cuestionó la legalidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el caso y en 2003 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que se había producido una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos contra Sito Miñanco en esta causa.https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-148878-2010-07-05.html De hecho, la actuación de Garzón en esta operación fue criticada desde diversos ámbitos
Ricardo Portabales, uno de los «arrepentidos» cuyo testimonio fue clave en la operación para imputar a Oubiña, declaró años después que la operación Nécora «fue un fraude», con el que supuestamente se habría visto obligado a colaborar por presiones de funcionarios adscritos a la investigación que le habrían preparado lo que tenía de declarar.
Caso GAL
Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE, Garzón volvió a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada «guerra sucia» contra el terrorismo.Ramon Pi, El Mundo. Documentos. 20 años de Constitución: 1995. Historia: «Cuando tras un breve y tormentoso paso por la política Baltasar Garzón vuelve al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda la apertura de varios sumarios que versaban sobre asuntos que estaban a punto de prescribir, como el secuestro por error del ciudadano hispano-francés Segundo Marey, primero del caso GAL».
En 1988, asumió la instrucción del Caso Amedo y Domínguez (sumario 1/88), procesando al subinspector José Amedo y al oficial Michel Domínguez por organizar y financiar atentados de los GAL en el sur de Francia utilizando fondos reservados. Tras la confesión de ambos policías en 1994, el magistrado reabrió la causa principal, lo que derivó en el procesamiento de la cúpula política del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González.
Respecto al secuestro de Segundo Marey, caso por el que se dieron a conocer los GAL, Rafael Vera, condenado por el Tribunal Supremo, lo recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 6 de enero de 2010. En dicha sentencia se afirma que «la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española podría estar en entredicho» por las «relaciones personales conflictivas» y la «enemistad manifiesta entre el demandante y el magistrado (Garzón)». Dicho Tribunal no condenó a España, pues otro juez, esta vez Eduardo Moner, del Tribunal Supremo, llevó a cabo una nueva instrucción.
Investigaciones a ETA y su entorno Garzón ha investigado también a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y lo que se considera su entorno, tanto político como militar.: En octubre de 2002, suspendió durante tres años las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte del entramado de ETA. Asimismo ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como Xaki, Ekin, Jarrai, Haika y Segi, alegando que forman parte de diversos frentes del entramado de ETA.
Polémica por su actuación en el caso Sogecable En 1997 el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño procesó a los dos máximos directivos del Grupo Prisa Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, junto a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por un presunto delito de apropiación indebida del dinero depositado por los abonados a Canal +. Al año siguiente el empresario Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del caso, logrando que fuera condenado por dicho delito y apartado de la carrera judicial. Esta condena por prevaricación a Gómez de Liaño fue celebrada por Felipe González, Juan Luis Cebrián y Jesús Polanco con una cena en un restaurante de Madrid. En 2000 Liaño recibió un indulto del gobierno de José María Aznar que le permitió volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Finalmente, en julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordando «la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables», estimó que el juicio contra este juez diez años antes no había ofrecido la suficiente «apariencia de imparcialidad» y condenó al Estado español al pago de una multa de 5000 euros por «daños morales».
La actuación de Baltasar Garzón en este caso Sogecable causó polémica, ya que el 3 de septiembre de 1997 dictó un auto en el que se abstenía de resolver la recusación que Juan Luis Cebrián había presentado contra Liaño, argumentado que había tenido conocimiento de una trama contra el presidente de Prisa, Polanco, urdida por Gómez de Liaño, el también juez Joaquín Navarro Estevan y el conocido abogado Antonio García Trevijano. En medio de un gran escándalo, el Tribunal Supremo abrió un sumario para investigar estos hechos y terminar archivándolo poco después. «La inconsistencia de su denuncia desembocó en el rápido archivo de la causa, pero el terreno quedó abonado para que prosperara la posterior querella [por prevaricación] de Polanco contra Liaño. La conducta de Garzón fue interpretada como un intento de aproximarse al grupo Prisa tras los duros ataques de los que había sido objeto por El País con motivo de su papel en los sumarios de los GAL. Garzón logró su propósito pero gran parte de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional reprobaron duramente su actitud, llegando en algunos casos hasta el extremo de retirarle el saludo».
El periodista de la Cadena SER, propiedad de Prisa, Carlos Carnicero afirmó que Garzón había pactado estas acusaciones suyas contra su hasta entonces amigo Gómez de Liaño en un desayuno en Nueva York con Antonio Navalón, Matías Cortés y Jaime García Añoveros, los tres estrechamente vinculados a Polanco y Prisa (García Añoveros incluso era miembro del Consejo de Administración del Grupo Prisa). «A partir de ese momento, Garzón recibió un trato exquisito por parte de El País». Según escribió el propio Gómez de Liaño «A pesar de la inconsistencia [...] de la recusación, lo que me hubiera permitido rechazarla [...] por fraude de ley y abuso de derecho, me pareció adecuado abrir el trámite, apartarme provisionalmente del asunto y dejar que fuera Baltasar Garzón [...] quien resolviera el incidente procesal. Estaba seguro de que la recusación no podría prosperar. [...] El objetivo de Baltasar era apartarme de la instrucción. Según se descubrió posteriormente, él había urdido el incidente de recusación con personas como el exministro de Hacienda y consejero de PRISA, Jaime García Añoveros, quien se aprestó a comparecer en el incidente en calidad de testigo para responder a una lista de preguntas que llevaba en la cartera. Todo demostraba que Baltasar estaba comprometido con el asunto y que cumplía sin rechistar el encargo encomendado.»
Casos relevantes internacionalmente
Causa contra Augusto Pinochet
Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles y chilenos durante su mandato y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.
Procedimientos en relación con la dictadura militar en Argentina