El plebiscito nacional de Chile de 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020, fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia de COVID-19, con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo para dicho proceso. Fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, anunciado el 15 de noviembre de 2019, tras un mes de protestas en todo el país.
Fue el primer plebiscito nacional chileno desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron las reformas a la Constitución Política de la República, promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y, por tanto, fue el primero —y hasta el momento, único— celebrado durante los gobiernos democráticos posteriores a 1990. Fue en ese entonces el proceso electoral con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia del país.
Antecedentes y contexto
Si bien las críticas a la Constitución de 1980 prácticamente nacieron con ella en cuanto a aspectos de legitimidad de origen, deficiencia democrática del texto y los altos cuórums que se requerían para realizar reformas, desde 1989 que ha sido tema político común su sustitución; aunque la Concertación de Partidos por la Democracia apeló en un principio a reformas, ya para las primarias presidenciales de la Concertación de 1999 ambos candidatos hablaban de convocar un plebiscito sobre aspectos constitucionales.
Aquella presión por el texto constitucional, en aquellos aspectos denominados "enclaves autoritarios", se descongestionó parcialmente con las reformas del año 2005, a pesar de que había partidos políticos que desconocían en legitimidad el texto. Ya para la elección presidencial de 2009 tanto Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Jorge Arrate hablaban de una «nueva Constitución» esencialmente para ampliar derechos sociales, sin embargo el surgimiento de movimientos sociales entre el año 2006 y 2011 volvieron a poner en entredicho la legitimidad de la Constitución, Fue Michelle Bachelet quien durante su segundo gobierno promovió un proceso constituyente, sin embargo este no se concluyó, en parte porque la Constitución no posee un mecanismo de sustitución ni permite convocar a plebiscitos. Sebastián Piñera, luego de ser elegido presidente para un nuevo periodo en 2017, descartó modificar la Constitución.
Sin embargo, las protestas en Chile iniciadas a mediados de octubre de 2019 tuvieron entre sus principales demandas la redacción de una nueva Constitución Política. El 21 de octubre, líderes sociales y artistas chilenos propusieron una Asamblea Constituyente nacional y seis medidas anti abusos de corto plazo ante la crisis político social del país. Diversos gremios y entidades sociales y civiles conformaron «cabildos abiertos» en varias comunas del país, con una masiva participación ciudadana, con el objeto de sentar las bases para una eventual asamblea constituyente para la elaboración de una Nueva Constitución para Chile.
El 7 de noviembre del mismo año, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), integrada por 330 de las 345 municipalidades del país, aprobó mandatar a su directorio para convocar a una consulta ciudadana en dichas comunas, a realizarse el 7 de diciembre, donde se preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo en la elaboración de una nueva Constitución.
Origen y preparación Intento de reformas El tema de la redacción de una nueva Constitución (y en particular, una escrita por una asamblea constituyente) apareció en 2019 en varias de las protestas ocurridas a lo largo del país y en muchos de los cabildos ciudadanos organizados. Varios líderes sociales, analistas y políticos, incluyendo al presidente del Senado y al vocero de la Corte Suprema, mencionaron la necesidad de crear una nueva Constitución que permitiera canalizar las demandas sociales. Ante la presión, incluso de miembros del oficialismo, Piñera se abrió a la posibilidad de realizar reformas estructurales al texto constitucional, aunque sin entrar en detalles de la magnitud de dichos cambios ni del mecanismo para realizarlo.
El 10 de noviembre de 2019, el Gobierno, a través de un comunicado del ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel, aprobó la futura aplicación de un proceso para el establecimiento de una nueva Constitución, mediante un Congreso Constituyente con plebiscito ratificatorio.Gobierno confirma proceso para una nueva Constitución a través de un Congreso Constituyente. Radio Biobío, 10 de noviembre de 2019. Consultado el 11 de noviembre de 2019. Sin embargo, dos días más tarde, los catorce partidos opositores al gobierno (RD, PCCh, PS, PDC, PPD, PEV, PR, PI, PRO, FRVS, Comunes, PL, CS y PH) emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron a favor de una Asamblea Constituyente.
Acuerdo parlamentario
miniaturadeimagen|El Presidente Sebastián Piñera convocando al Plebiscito Constitucional de 2020 el 27 de diciembre de 2019. Durante el 13 y 14 de noviembre los partidos de Chile Vamos, comandados por el presidente Piñera, y parte de la oposición –excluyendo al PCCh, el PRO, la FRVS, el PH y CS– realizaron una serie de negociaciones en el edificio del ex Congreso Nacional para determinar el inicio de un proceso constituyente y su mecanismo de realización. Las negociaciones llegaron a puerto en la madrugada del 15 de noviembre, anunciándose la realización del plebiscito mediante una declaración denominada Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
Luego del acuerdo alcanzado en el Congreso Nacional para llevar a cabo un plebiscito en abril de 2020, los alcaldes decidieron ampliar las temáticas de la consulta ciudadana, que fue realizada el 15 de diciembre.
Reacciones
Los partidos de izquierda que no participaron del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que dio lugar al plebiscito, criticaron la negociación. Entre ellos, el Partido Comunista, que acusó que el cuórum de una eventual convención constituyente era muy alto, pero que igualmente llamarían a sus militantes a participar del referéndum y que «no era una Asamblea Constituyente verdadera». A pesar de que la presidenta de Convergencia Social (CS), Gael Yeomans, no suscribió el acuerdo, el diputado del partido Gabriel Boric fue parte de la negociación y firmó el acuerdo a título personal, lo cual generó un quiebre al interior de la colectividad, y provocó la renuncia de 73 militantes, entre ellos, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quienes argumentaban que el mecanismo «no era constituyente», calificándolo como fraude. Debido a su participación en la firma del acuerdo parlamentario, Boric fue pasado al tribunal supremo de CS. El Partido Igualdad acusó traición de la confianza por parte de los partidos del Frente Amplio que firmaron el acuerdo, y suspendió su participación en la coalición. miniaturadeimagen|240px|Pegatina en rechazo al acuerdo parlamentario en las afueras de la Escuela Militar.Dentro de la coalición de gobierno, Chile Vamos, sus principales partidos firmaron el acuerdo, y por tanto, participarán de él. Sin embargo, la posición al interior de cada partido ha sido variable. En la Unión Demócrata Independiente (UDI), si bien inicialmente no hubo una posición oficial respecto del voto de sus militantes, su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, anunció que votaría por el rechazo de una nueva constitución, mientras que el diputado Jaime Bellolio anunció su apoyo a la aprobación del proceso constituyente; finalmente, el Consejo General del partido realizado el 10 de enero de 2020 confirmó que la postura oficial de la UDI será de apoyo a la opción «Rechazo». El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que los militantes del partido tendrán libertad de acción en el plebiscito, pudiendo manifestarse a favor o en contra de la nueva Constitución. Fuera de Chile Vamos, el Partido Republicano (en formación), anunció su voto por el rechazo del proceso para una nueva Constitución. Fuerza Nacional, partido disuelto en febrero de 2020 y liderado por el abogado Raúl Meza, también adhirió a la campaña de la opción Rechazo.
La Iniciativa Ciudadana Marca AC valoró el acuerdo, aunque afirmó que «cuando se transforme en ley, debe mejorar». Por otra parte, un grupo de 244 profesores y profesoras de derecho y ciencia política dieron su apoyo al plebiscito mediante una declaración en Ciper, afirmando que «tener la posibilidad de crear una Constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra república». Sin embargo, la coordinadora de organizaciones Unidad Social rechazó el acuerdo sobre el plebiscito por haberse hecho «entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales».
Reforma constitucional Uno de los aspectos del acuerdo constitucional era reformar la constitución vigente para habilitar la sustitución del texto y la convocatorias a plebiscitos (que la constitución no contemplaba), con ello se permitió destrabar la tramitación en el Congreso Nacional de distintos proyectos de ley –originados tanto como moción (parlamentaria) como mensaje (presidencial)– que buscaban reformar la Constitución Política de la República para introducir la realización de un plebiscito nacional: el boletín N.º 7.769-07;Moción de los diputados Marcelo Schilling Rodríguez, Tucapel Jiménez Fuentes, Pedro Velásquez Seguel y Guillermo Teillier Del Valle, de las diputadas Cristina Girardi Lavín y Alejandra Sepúlveda Orbenes, de los exdiputados Sergio Aguiló Melo, Felipe Harboe Bascuñán y Roberto León Ramírez, y de la exdiputada Karla Rubilar Barahona. el boletín N.º 7.792-07;Moción de los diputados Marcelo Díaz Díaz, Pepe Auth Stewart, Marcelo Schilling Rodríguez y Guillermo Teillier Del Valle, de la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes, y de los exdiputados Sergio Aguiló Melo, Osvaldo Andrade Lara, Aldo Cornejo González, Alfonso De Urresti Longton y Marcos Espinosa Monardes. el boletín N.º 10.014-07;Moción de las diputadas Karol Cariola Oliva, Maya Fernández Allende, Cristina Girardi Lavín, Marcela Hernando Pérez y Camila Vallejo Dowling, de los diputados Giorgio Jackson Drago y Leonardo Soto Ferrada, de los exdiputados Iván Fuentes Castillo y Gaspar Rivas Sánchez, y de la exdiputada Yasna Provoste Campillay. el boletín N.º 10.193-07;Moción del diputado Marcelo Schilling Rodríguez, y de los exdiputados Osvaldo Andrade Lara y Guillermo Ceroni Fuentes. el boletín N.º 11.173-07;Mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria. el boletín N.º 12.630-07;Moción de los diputados Marcelo Díaz Díaz, Gabriel Boric Font, Tomás Hirsch Goldschmidt, Giorgio Jackson Drago, Vlado Mirosevic Verdugo, Jaime Mulet Martínez, Alexis Sepúlveda Soto y Raúl Soto Mardones, y de las diputadas Andrea Parra Sauterel y Camila Vallejo Dowling. y el boletín N.º 13.024-07,Moción de las diputadas Loreto Carvajal Ambiado, Carolina Marzán Pinto y Andrea Parra Sauterel, y de los diputados Ricardo Celis Araya, Rodrigo González Torres, Tucapel Jiménez Fuentes y Raúl Soto Mardones. siendo este último el único presentado tras el inicio de las protestas en octubre de 2019.